La lucha contra los delitos digitales da un paso adelante en Quintana Roo con la promulgación de reformas al Código Penal que endurecen las sanciones para quienes utilicen Inteligencia Artificial (IA) con fines delictivos. La medida, recientemente publicada en el Periódico Oficial del Estado, establece penas aumentadas hasta en una mitad más para aquellos que se valgan de estas tecnologías para cometer una amplia gama de delitos, incluyendo la creación y distribución de contenido íntimo de terceros, fraude, evasión de impuestos, extorsión, entre otros.
Según informes de las autoridades de seguridad pública del país, los delitos más comunes que implican el uso de IA incluyen el ciberacoso mediante bots, la generación de contenido falso o manipulado para difamar o acosar a personas, la suplantación de identidad, el robo de identidad digital, y el daño a la reputación tanto personal como empresarial.
En el contexto de Quintana Roo, se ha registrado el procesamiento de dos individuos por manipular imágenes de mujeres mediante IA para simular su participación en encuentros íntimos, distribuyendo dicho contenido sin consentimiento. Además, la Cámara Nacional del Comercio, delegación Quintana Roo, ha alertado sobre el uso de IA por parte de delincuentes para extorsionar a sus miembros, simulando las voces de familiares para engañar a las víctimas y perpetrar fraudes bancarios.
Estas tecnologías también han sido empleadas para ofrecer servicios apócrifos, como la venta de tierras en zonas de alta plusvalía del Caribe Mexicano, utilizando imágenes artificiales de personas reconocidas para generar confianza en las víctimas.
Sin embargo, a pesar de la gravedad de estos delitos, los diputados de Quintana Roo han señalado que aún se encuentran en una etapa temprana de regulación. Hasta el momento, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no los reconoce como una categoría de delito especial, lo que dificulta su contabilización en los reportes oficiales mensuales. A pesar de ello, el Estado está tomando medidas decisivas para hacer frente a esta creciente amenaza y proteger a sus ciudadanos de los abusos de la tecnología con fines delictivos.
