Paso En Falso
La desaparición del empresario Juan Carlos Ortega Prados en septiembre de 2021 es un caso que refleja una aterradora realidad en nuestro país: la relación entre el poder político y la impunidad, tal cual lo reveló el periodista Óscar Meza. En esta trama, no sólo se habla de violencia y secuestro, sino de figuras de alto perfil que parecen estar, de una u otra manera, involucradas en el caso.
Adán Augusto López Hernández, actual líder de Morena en el Senado y exsecretario de Gobernación, es uno de los nombres que aparecen en las investigaciones. A su lado, encontramos a dos personajes quintanarroenses: José Alberto Alonso Ovando, titular de la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo, y Héctor Hernán Pérez Rivero, ex encargado de la presidencia municipal de Othón P. Blanco. Los tres están vinculados a las investigaciones que llevan a cabo tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la Fiscalía General del Estado (FGE).
Según las averiguaciones, al menos quince personas están involucradas en el secuestro del empresario. Lo que sorprende es que el poder político parece haber jugado un papel crucial en el encubrimiento de los hechos. Testimonios y evidencias apuntan a un acto premeditado, con la participación de actores políticos de alto nivel, desde el propio López Hernández hasta figuras locales como Alonso Ovando y Pérez Rivero.
Pero la trama no termina aquí. En mayo de 2023, una camioneta Ford Expedition blindada, abandonada en una carretera del sur del estado, fue encontrada con armas y municiones. Este vehículo, pieza clave en la investigación, resultó ser propiedad de Gustavo Gutiérrez Cruz, exsecretario general del ayuntamiento de Jonuta, Tabasco, otro de los implicados.
Además, las tensiones familiares y las inconsistencias en las declaraciones de la esposa e hija de Ortega Prados añaden más sombras a la investigación. La esposa del empresario llegó a afirmar que López Hernández “sabía todo” y que “tenía bajo control y planeada” la desaparición. Estas declaraciones, junto con los audios en poder de las fiscalías, dan cuenta de un entramado donde la corrupción y los intereses económicos han desdibujado cualquier intento de justicia.
Uno de los puntos más perturbadores es la posible entrega de un predio de alta plusvalía, propiedad de la víctima, a Alonso Ovando y Pérez Rivero. Esto sugiere que el secuestro no solo fue un acto de violencia, sino también una transacción económica encubierta.
A más de tres años de su desaparición, el paradero de Juan Carlos Ortega Prados sigue siendo desconocido. ¿Qué nos dice esto? Que en México, cuando el poder y el dinero se entrelazan, la justicia se vuelve un ideal lejano. La pregunta que debemos hacernos es: ¿quién protege a los poderosos que hoy se encuentran bajo sospecha? Y más importante aún: ¿cuándo veremos a los responsables responder por sus crímenes? Mientras tanto, las víctimas, como Ortega Prados, permanecen en la incertidumbre, y con ellas, la confianza en nuestras instituciones sigue desmoronándose.
