Paso En Falso
La desaparición de los organismos autónomos en México representa uno de los movimientos más ambiciosos, y a la vez más polémicos, del gobierno de Claudia Sheinbaum. Si bien el discurso oficial habla de centralizar funciones para evitar duplicidades y fortalecer la eficiencia administrativa, la realidad muestra una estrategia que compromete gravemente la independencia técnica de instituciones fundamentales para la transparencia, la energía y la evaluación de políticas públicas. Con esta reforma, aprobada en lo general con 347 votos y a la espera de su ratificación en el Senado, el país podría estar retrocediendo décadas en términos de contrapesos democráticos.
El argumento de Ricardo Monreal de que los organismos mantendrán personalidad jurídica y patrimonio propio, aunque estén adscritos a secretarías, suena a un consuelo insuficiente. En la práctica, esta subordinación elimina el principio básico de autonomía que les permite operar sin las presiones políticas del Ejecutivo. ¿Qué tan transparente será un INAI convertido en un departamento más dentro de la Secretaría Anticorrupción? ¿Qué tan objetivas serán las decisiones de la CRE al depender directamente de la Secretaría de Energía? La independencia técnica no es un lujo; es una garantía para que estas instituciones trabajen en beneficio del país y no de los intereses gubernamentales de turno.
Este cambio también genera una preocupación mayor: la concentración del poder. Al diluir organismos como Coneval o Mejoredu en estructuras centralizadas, se reduce la capacidad de evaluación externa sobre temas tan cruciales como la educación y la pobreza. ¿Quién vigilará al vigilante cuando todas las funciones estén bajo el control de un mismo ente? La promesa de Sheinbaum de continuar con el trabajo de estas instituciones suena bien en los discursos, pero no basta para asegurar que, en la práctica, no se conviertan en herramientas de legitimación de sus políticas, dejando de lado el análisis crítico.
La desaparición de los organismos autónomos es una apuesta que puede redefinir el equilibrio institucional del país, pero no necesariamente para bien. Más allá de las ideologías, esta reforma plantea un peligroso precedente: la subordinación de los contrapesos democráticos al poder central. En un país con una larga historia de abusos desde el Ejecutivo, es un riesgo que no deberíamos correr a la ligera. La autonomía de estos organismos no es perfecta, pero su ausencia será, sin duda, mucho peor.
