Redacción / Quintana Roo Ahora
Quintana Roo.- El año 2024 cierra con la consolidación de una política recaudatoria que centraliza los ingresos en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del gobierno estatal. Este enfoque se caracteriza por despojar a los municipios de derechos que históricamente les pertenecían, mientras incrementa los costos para la ciudadanía.
Licencias de conducir: mayores costos y menos ingresos para los municipios
En 2023, el Congreso del Estado, bajo la bandera de la «democracia», eliminó los ingresos municipales por la expedición de licencias de conducir. Esto resultó en sobrecostos para los ciudadanos y pérdidas significativas para los ayuntamientos.
Por ejemplo, en Othón P. Blanco (Chetumal), el costo de una licencia por dos años pasó de 268 a 538 pesos, un aumento del 100.7%. En Benito Juárez (Cancún), el incremento fue menor, pasando de 1,568 a 1,678 pesos, un 7%. Para 2025, estos derechos aumentarán nuevamente: en OPB-Chetumal costarán 568 pesos (5.5% más) y en BJ-Cancún, 1,756 pesos (4.6% más).
Turismo de cruceros: centralización e incremento del impuesto
A partir de enero de 2025, Sefiplan asumirá la recaudación del impuesto a turistas de cruceros, que anteriormente pertenecía a los municipios de Cozumel y Othón P. Blanco. Este impuesto aumentará en un 500%, pasando de un dólar a cinco dólares por turista.
De esta nueva recaudación, el estado devolverá solo una fracción a los municipios. Cozumel, por ejemplo, dejará de percibir 500 millones de pesos al año y recibirá apenas 97 millones, afectando gravemente sus finanzas.
La privatización avanza con la «4T Caribeña»
En la reforma para la expedición de licencias, se abrió la puerta para que servicios municipales sean concesionados a empresas privadas. Ejemplos similares incluyen la concesión del agua potable a Aguakán, el manejo de la basura y el transporte público urbano.
¿El predial en la mira para 2025?
Tras la pérdida de ingresos por licencias de conducir en 2023 y del impuesto a turistas de cruceros en 2024, Sefiplan ahora apunta a otro ingreso clave para los municipios: el impuesto predial. Esto pondría en jaque la autonomía financiera de los ayuntamientos y dejaría aún más concentrados los ingresos en el gobierno estatal.
El panorama fiscal de Quintana Roo refleja un debilitamiento de las arcas municipales y una carga creciente para los ciudadanos, sin que los municipios, muchos gobernados por Morena, se atrevan a cuestionar estas políticas.
