Redacción / Quintana Roo Ahora
CANCÚN.- En medio de una creciente polémica, el Juez de Control Miguel Ángel Espinoza, de los Juzgados Penales Orales de Cancún, decidió aplazar la audiencia destinada a revisar la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a Emiliano Ramos Hernández. El exdiputado local enfrenta cargos por presunta violencia familiar contra la legisladora federal Paola Moreno y sus tres hijas. Sin embargo, sus familiares han alzado la voz, acusando al juez de actuar de manera arbitraria y de ignorar principios fundamentales del derecho.
De acuerdo con un comunicado emitido por los allegados de Ramos, el juez justificó su decisión argumentando que la defensa no cumplió con la obligación de compartir los datos de prueba con al menos 24 horas de anticipación a la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos contra la Mujer y a la Asesoría Jurídica Victimal. No obstante, los familiares aseguran que este requisito carece de fundamento legal en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
“El juez está obligado a permitir la exposición de los datos de prueba, abrir el debate sobre su pertinencia y decidir sobre su admisión. Lo que ocurrió hoy no solo es una injusticia, sino una violación flagrante a los derechos de Emiliano Ramos”, expresaron en el comunicado.
La defensa del exdiputado también argumentó que, aunque los datos de prueba fueron enviados por correo electrónico una hora antes de la audiencia, el juez desestimó esta acción al considerarla insuficiente. Según las abogadas de Ramos, el Ministerio Público afirmó no haber tenido acceso a los datos porque las fiscales no se encontraban en su oficina y carecían de conexión a internet para abrir el correo. Frente a esta situación, la defensa ofreció entregar físicamente las pruebas en ese momento mediante una memoria USB, lo cual también fue rechazado.
Por si fuera poco, los familiares denunciaron que durante la audiencia inicial se les negó a las abogadas defensoras el uso de equipo técnico para reproducir pruebas audiovisuales consideradas esenciales para el caso. Este tipo de restricciones, aseguran, obstaculizan de manera deliberada la posibilidad de que Ramos tenga un juicio justo.
En su declaración final, los denunciantes hicieron un llamado público a la gobernadora Mara Lezama y a la presidenta Claudia Sheinbaum para que intervengan en el caso. “Exigimos justicia para Emiliano Ramos, un hombre inocente que merece volver a reunirse con sus hijas”, señalaron con firmeza.
La controversia no solo pone en el foco la situación legal de Emiliano Ramos, sino también las condiciones en que opera el sistema judicial en Quintana Roo, dejando abierta la pregunta: ¿cuántos más enfrentan procesos marcados por irregularidades?
