
Redacción / Quintana Roo Ahora
Cancún.- Paul Rangel Merkley, director de Aguakán, la empresa concesionaria del suministro de agua potable en Cancún y la Riviera Maya, enfrenta una ficha roja y alerta migratoria tras una denuncia penal interpuesta por el Gobierno de Quintana Roo ante la Fiscalía General de la República (FGR). La denuncia está relacionada con un presunto delito de fraude procesal, luego de que se sospecha que la concesionaria obtuvo, de manera irregular, una suspensión de amparo contra el retiro de la concesión aprobado en 2023 por el Congreso local.
El pasado 22 de diciembre, agentes de Investigación Criminal, Guardia Nacional y Policía Federal de Investigación intentaron detener a Rangel Merkley en su lugar de trabajo. Sin embargo, la intervención no tuvo éxito, pues los agentes no pudieron ingresar al inmueble.
Ante la situación, el directivo tramitó un amparo contra la orden de aprehensión, ficha roja y alerta migratoria. El Juzgado Segundo de Distrito de Quintana Roo concedió una suspensión provisional, que anuló parcialmente las medidas, dejando vigente la alerta migratoria. Posteriormente, el caso fue llevado al Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, el cual otorgó una suspensión provisional contra la ficha roja y la alerta migratoria, en tanto no se resuelva la suspensión definitiva.
La audiencia incidental está programada para el próximo 29 de enero, donde se decidirá si a Rangel Merkley se le concede la suspensión definitiva, evitando cualquier tipo de detención a largo plazo.
Aguakán, propiedad de Desarrollos Hidráulicos de Cancún, atiende a más de 1.4 millones de habitantes en Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos e Isla Mujeres. La concesión otorgada en 2014, durante el gobierno de Roberto Borge Angulo, ahora preso, ha estado envuelta en polémica desde sus inicios. En diciembre de 2023, el Congreso de Quintana Roo decidió dar por terminada la concesión de forma anticipada, originalmente vigente hasta 2053, lo que detonó el conflicto legal con la empresa.
Este caso se desarrolla en un contexto de tensiones políticas y sociales, donde la gestión del agua potable es un tema clave en una de las zonas turísticas más importantes del país.