Redacción / Quintana Roo Ahora
ESTADOS UNIDOS.- En la secundaria Satellite de Brevard, Florida, una maestra se ha convertido, sin proponérselo, en símbolo de una lucha más grande: la dignidad y la inclusión en las aulas. Su “falta” fue llamar a un estudiante por el nombre que este prefería, sin contar con el consentimiento escrito de sus padres, como dicta una controvertida ley estatal. El resultado: la no renovación de su contrato por parte del distrito escolar y una comunidad estudiantil que, lejos de quedarse callada, se volcó en su defensa.
Según comunicó Brevard Public Schools (BPS), fue la denuncia de un padre lo que desató la tormenta. El hombre se quejó de que la profesora había utilizado un “nombre diferente al legal” para referirse a su hijo, lo cual —según las autoridades escolares— violó la ley estatal sobre consentimiento parental. La vocera del distrito, Janet Murnaghan, lo explicó con frialdad burocrática: “Esto viola directamente la ley estatal y el proceso estandarizado del distrito para el consentimiento parental por escrito”.
Pero para los más de 26,000 firmantes de una petición en Change.org, que exige que se le renueve el contrato a la maestra, la historia es otra: se trata de una educadora ejemplar, comprometida con el respeto, la empatía y la individualidad de su alumnado. “Fue reprendida por referirse a un estudiante por el nombre que éste prefería (…) un golpe directo a los derechos personales y al respeto”, se lee en la solicitud que ha cobrado fuerza en medios y redes.
En paralelo, estudiantes de Satellite High organizaron una manifestación pacífica en el patio del plantel. No se trató de un disturbio, sino de una breve, pero poderosa muestra de respaldo. Una pausa de diez minutos para decir: “Esta maestra nos importa”.
La ley que activó el castigo fue parte del paquete legislativo impulsado por el gobernador Ron DeSantis bajo la premisa de los “Derechos de los Padres”. Pero para los críticos, como Brian Dittmeier, director de políticas públicas de GLSEN, esto representa una amenaza directa a la salud mental y el bienestar de los estudiantes LGBTQ. “Ambientes donde no se permite a los jóvenes usar sus nombres o pronombres elegidos generan ansiedad, depresión y mayor riesgo de suicidio”, advirtió en entrevista con CNN.
Kristine Staniec, especialista en medios de la propia escuela y madre de un exalumno de la docente sancionada, expresó su indignación en una junta del distrito escolar. “Ella merecía justicia, contexto y compasión”, declaró con la voz quebrada por la frustración. Para Staniec, la decisión fue abrupta, sin oportunidad de corregir ni dialogar. Una salida silenciosa para una mujer que, a su juicio, “encarna la educación inclusiva y humana que tanto necesitamos”.
En un estado donde el conservadurismo ha encontrado terreno fértil en las aulas, este caso pone el foco sobre una política educativa que, bajo el argumento de proteger a los padres, limita la autonomía de estudiantes y castiga a quienes intentan acompañarlos con sensibilidad.
Paradójicamente, al tratar de controlar los vínculos entre docentes y estudiantes desde la normativa, la política estatal podría estar deshumanizando una de las profesiones más importantes: la enseñanza. Una enseñanza que, como en este caso, buscó simplemente reconocer a un adolescente en sus propios términos.
