Paso En Falso
En un estado como Quintana Roo, donde la violencia de género sigue cobrando vidas y las cifras de feminicidios no dejan de aumentar, el Congreso ha aprobado una reforma que presume la legítima defensa cuando una mujer se protege de una agresión inminente. Sobre el papel, la iniciativa parece un avance en la protección de las mujeres, pero en la práctica, ¿realmente cambia algo?
El Código Penal ya contempla la legítima defensa, estableciendo que cualquier persona puede repeler una agresión si su vida corre peligro. La diferencia ahora es la «perspectiva de género», que en teoría evita que una mujer que se defienda de su agresor sea criminalizada. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿no debería ser este un principio implícito en cualquier interpretación de la ley? La realidad es que la aplicación de justicia sigue dependiendo de ministerios públicos y jueces que, en muchos casos, perpetúan la revictimización de las mujeres.
Más allá de los discursos triunfalistas en el Congreso, esta reforma parece un paliativo simbólico en un sistema que sigue fallando. Si la intención fuera proteger realmente a las mujeres, se reforzarían las medidas de prevención, se garantizaría el acceso a refugios y se transformaría el aparato judicial para erradicar la impunidad de los agresores. Pero en lugar de eso, se opta por una modificación legal que deja la carga de la defensa en las propias víctimas.
La legítima defensa no es el problema. El problema es un estado que permite que las mujeres lleguen a esa situación extrema sin haberles brindado protección antes. Mientras la violencia estructural siga intacta y la justicia sea una moneda al aire, esta reforma no será más que un espejismo legal que no cambia la realidad de las mujeres en Quintana Roo.
