Redacción / Quintana Roo Ahora
QUINTANA ROO.- La empresa Aguakan, operadora del servicio de agua potable y alcantarillado en cuatro municipios de Quintana Roo, sufrió un revés judicial que marca un antes y un después en el prolongado conflicto por el acceso y gestión del agua en la entidad. El Juzgado Octavo de Distrito falló en contra del amparo promovido por la concesionaria, confirmando la validez del decreto que cancela su contrato en Cancún, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Playa del Carmen.
El fallo, firmado por el juez Mario Fernando Gallegos León, desechó los argumentos de Desarrollos Hidráulicos de Cancún (nombre formal de Aguakan) en el juicio de amparo 1323/2023. En su resolución, el juez avaló el Decreto 195, aprobado por la XVII Legislatura del Congreso local, el cual ordena el retiro definitivo de la concesión.
Uno de los puntos clave del juicio fue la prórroga anticipada de la concesión. El juez determinó que el Decreto 250, emitido en 2014 para extender el contrato hasta 2053, carecía de validez legal, pues no se puede prorrogar una concesión antes de que llegue su fecha de vencimiento, originalmente fijada para el 31 de diciembre de 2023. Esta decisión desarma la base jurídica con la que la empresa intentó perpetuar su presencia en el estado.
Aunque Aguakan aún puede presentar un recurso de revisión en un plazo de 10 días hábiles, el fallo abre la puerta para que el Gobierno del Estado recupere el control del servicio hídrico en estos municipios. En caso de proceder, el asunto pasaría al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito o incluso podría escalar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La sentencia también señala que no se comprobaron violaciones constitucionales por parte del Congreso del Estado al emitir el decreto que retiró la concesión. Por tanto, se sobresee el juicio y se cierra una etapa clave de esta batalla legal.
Cabe recordar que desde diciembre de 2023, el Congreso de Quintana Roo aprobó el retiro anticipado de la concesión que Aguakan mantenía hasta 2053. La empresa reaccionó promoviendo una serie de amparos, consiguiendo primero una suspensión provisional y luego una suspensión definitiva, en una estrategia legal que parecía destinada a ganar tiempo y estirar el conflicto.
Paralelamente, el Gobierno estatal acusó a la empresa de fraude procesal, mientras socios y directivos de Aguakan interpusieron amparos para evitar órdenes de aprehensión, denunciando una presunta “persecución jurídica”.
Más allá del litigio, el fallo sienta un precedente en el debate sobre el manejo del agua como bien público, y pone en entredicho los mecanismos con los que, por décadas, empresas privadas han controlado servicios esenciales bajo condiciones poco transparentes. Hoy, al menos legalmente, el agua comienza a dejar de ser negocio y vuelve a ser derecho.
