Redacción / Quintana Roo Ahora
ESTADOS UNIDOS.- La Casa Blanca, bajo la administración del expresidente Donald Trump, estaría considerando una de las medidas más controvertidas y constitucionalmente delicadas de la historia moderna de Estados Unidos: la suspensión del recurso de hábeas corpus, que garantiza el derecho de cualquier persona detenida a comparecer ante un juez para impugnar la legalidad de su arresto.
El encargado de deslizar esta posibilidad fue Stephen Miller, exsubjefe de gabinete de políticas del gobierno de Trump y uno de los arquitectos de su agenda migratoria. En declaraciones recientes, Miller afirmó que “la Constitución es clara” al permitir la suspensión del hábeas corpus “en tiempos de invasión”, y que, por tanto, la Casa Blanca evaluaba activamente esa opción como parte de su estrategia para frenar la inmigración ilegal.
“Es una herramienta legal que estamos considerando”, dijo Miller, al señalar que los jueces que conceden amparos o impiden deportaciones podrían estar forzando al gobierno a tomar medidas más drásticas. “Si el poder judicial se mantiene en su curso actual, quizá no nos dejen otra alternativa”, advirtió.
Una medida excepcional con profundas implicaciones
Históricamente, el hábeas corpus ha sido suspendido en contadas ocasiones: durante la Guerra Civil bajo Abraham Lincoln, en algunos territorios ocupados tras la Segunda Guerra Mundial, y brevemente durante el ataque del 11 de septiembre de 2001. En todos los casos, el Congreso tuvo un papel clave en autorizar la medida, lo que subraya su carácter excepcional.
El principio del hábeas corpus, nacido en la Inglaterra del siglo XIII con la Carta Magna, es considerado una piedra angular del Estado de derecho y de las garantías individuales. Su suspensión, incluso en contextos de guerra o insurrección, ha sido duramente cuestionada por expertos constitucionales y organismos internacionales.
“Invasión” y “crisis nacional”: la narrativa de urgencia
La administración Trump ha reiterado en diversas ocasiones su visión de la migración irregular como una “invasión”, término que Miller volvió a utilizar para justificar la posibilidad legal de suspender derechos constitucionales. También se ha sugerido que la epidemia de fentanilo podría ser otra base argumentativa para declarar una emergencia nacional y ejercer poderes extraordinarios.
Estos planteamientos han sido criticados por diversos sectores del ámbito jurídico y académico. El Dr. Badar Khan, académico de la Universidad de Georgetown y uno de los detenidos que impugnan su detención bajo hábeas corpus, advirtió que “normalizar la suspensión de garantías constitucionales por motivos migratorios abre la puerta al autoritarismo”.
Choque de poderes y judicialización de la migración
La tensión entre el poder ejecutivo y el judicial ha sido una constante durante el mandato de Trump, particularmente en temas migratorios. Jueces federales han bloqueado políticas como las deportaciones exprés y la separación de familias en la frontera. En respuesta, Miller lanzó duras críticas: “Estos jueces radicales están en guerra no solo con el presidente, sino con el Congreso mismo”.
La administración también argumenta que la Ley de Inmigración y Nacionalidad ya limita la jurisdicción de los tribunales para intervenir en temas migratorios, un punto que sigue generando controversias legales.
El futuro legal en juego
La posibilidad de suspender el hábeas corpus —aunque aún remota— es vista por especialistas como una amenaza real al equilibrio constitucional y al sistema de contrapesos. Y aunque la medida aún no se ha formalizado, el simple hecho de plantearla públicamente marca un punto de inflexión en el discurso y las estrategias de mano dura en política migratoria.
La pregunta que resuena ahora es: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar un gobierno cuando percibe al sistema judicial como obstáculo y a los migrantes como amenaza?
