Lázaro Cárdenas.- En el municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, la historia parece repetirse. La administración del presidente municipal Josué Nivardo Mena Villanueva ha sido nuevamente señalada por prácticas que obstaculizan el acceso a la información pública y que podrían encubrir irregularidades graves en el manejo del presupuesto. Una investigación revela que 22 contratos de obra pública, cuyo valor conjunto supera los 61 millones de pesos, han sido ocultados deliberadamente mediante restricciones digitales, dejando a los ciudadanos sin acceso a la información y sin certeza del destino de los recursos.
Antecedentes de opacidad: Este no es el primer episodio en que la administración de Mena Villanueva enfrenta acusaciones de corrupción. Durante su gestión anterior (2018–2021), la Auditoría Superior del Estado (ASE) reportó anomalías por más de 28 millones de pesos, mientras que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló deficiencias por más de 8 millones de pesos provenientes del Fondo de Participaciones Federales. Entre los casos más notorios figura la contratación de empresas fantasma, como aquella a la que se le adjudicaron 21 millones de pesos sin que existiera evidencia de los trabajos realizados, y otra más que recibió 9.4 millones pese a no contar con registro comprobable.
Los contratos ocultos: Durante el presente año, el Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas reportó 31 contratos asignados a través de distintos mecanismos: licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, y adjudicación directa. Sin embargo, solo nueve de estos documentos están disponibles en versión pública. Los 22 restantes, cuyos montos oscilan entre cientos de miles y más de 4 millones de pesos cada uno, están inaccesibles. Al intentar ingresar al hipervínculo correspondiente, el usuario se encuentra con un mensaje que indica que necesita solicitar acceso, sin posibilidad real de revisión.
Los contratos bloqueados tienen claves como:
- MLC-DGOPYSPM-LPN-FAISMUNDF-R33-021-2024
- MLC-DOP-LPN-FAISMUNDF-R33-006-2024
- MLC-DGOPYSPM-LPN-FAISMUNDF-R33-011-2024
- MLC-DGOPYSPM-LPN-FAISMUNDF-R33-018-2024 …entre otros.
Entre los objetos de obra destacan:
- Construcción de cuartos dormitorio
- Rehabilitación de calles con asfalto
- Construcción de techos firmes
- Construcción de guarniciones y banquetas
Fachadas legales, realidad opaca: Si bien el Ayuntamiento sube supuestamente los datos a su plataforma de transparencia, el contenido real no está disponible. Esta práctica genera una simulación de cumplimiento con la ley de transparencia, cuando en realidad se obstaculiza deliberadamente el derecho ciudadano a la información.
Un patrón reiterado: El uso recurrente de contratos duplicados con diferentes claves y objetos similares (por ejemplo, la rehabilitación de calles en distintas zonas con el mismo monto) sugiere un patrón de fraccionamiento del presupuesto para facilitar la adjudicación directa, una práctica común en esquemas de desvío de recursos. Asimismo, las obras listadas carecen de seguimiento o evidencia fotográfica, georreferencias o actas de entrega-recepción.
Reacciones e impunidad: A pesar de los múltiples señalamientos y auditorías, Nivardo Mena ha logrado continuar en funciones sin consecuencias judiciales de fondo. Las investigaciones iniciadas por la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo no han derivado en sanciones firmes, lo que fortalece la percepción de impunidad. Ciudadanos y organizaciones civiles exigen una revisión a fondo de estos contratos y del ejercicio del gasto público en el municipio.
Conclusión: Mientras en Lázaro Cárdenas los caminos y servicios siguen deteriorados, el acceso a la verdad sobre el manejo del dinero público continúa bloqueado. El caso de Nivardo Mena Villanueva no solo representa un nuevo capítulo de opacidad en la administración pública, sino también un recordatorio de cómo la corrupción se reproduce donde la vigilancia ciudadana es limitada y las instituciones encargadas de fiscalizar actúan con lentitud.
La transparencia, en este caso, no solo está bajo llave: está enterrada bajo el peso de la omisión institucional.
