Redacción / Quintana Roo
CANCÚN.- La industria hotelera de Cancún ha alzado la voz para exigir que se publique cuanto antes la normativa municipal que dará forma a la reciente reforma de la Ley General de Turismo del estado, aprobada en febrero pasado, y cuyo objetivo es regular la operación de las plataformas de renta vacacional como Airbnb.
David Ortiz Mena, presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, advirtió que la situación ya es insostenible ante el crecimiento desbordado de esta modalidad. “Se estima que hay cerca de 50 mil unidades operando bajo este esquema. En Tulum, en particular, se generó una burbuja especulativa que derivó en una construcción desmedida de vivienda turística. Hoy enfrentamos una sobreoferta que ha paralizado nuevas inversiones”, señaló.
La reforma a la ley estatal fue recibida con respaldo por parte del sector turístico formal, pero aún requiere ser aterrizada en reglamentos municipales que determinen los requisitos y mecanismos de control. En Benito Juárez (municipio donde se ubica Cancún), los trabajos ya están en curso.
Miriam Cortés, directora de la Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo, confirmó que el ayuntamiento está trabajando en los lineamientos locales. “La idea es homologar la normativa y poner orden, sin frenar el desarrollo. No es una guerra contra plataformas, sino una exigencia de piso parejo”, declaró.
Entre los requisitos que se contemplan en la normativa municipal están: obtener el Registro Estatal de Turismo de Quintana Roo, contar con constancia en el ReturQ (padrón estatal de prestadores de servicios turísticos), tramitar una licencia de funcionamiento municipal y conseguir una anuencia de Protección Civil. Esta última implicará que los inmuebles de renta cuenten con un extintor, un botiquín de primeros auxilios y la exhibición visible de números de emergencia.
El reclamo hotelero también pone sobre la mesa el impacto fiscal y urbano de las rentas vacacionales, que operan sin la misma carga regulatoria y con escasa supervisión. “No es justo que el sector formal cumpla con impuestos, normas ambientales, de seguridad y laborales, mientras otros operan en la informalidad absoluta”, sentenció Ortiz Mena.
La expectativa ahora recae en que los municipios de Quintana Roo, especialmente los turísticos como Cancún, Tulum y Playa del Carmen, publiquen pronto sus normativas locales para dar certeza jurídica tanto a inversionistas como a los miles de usuarios de estas plataformas. La regularización ya no es una opción, sino una urgencia que marcará el rumbo del modelo turístico del Caribe mexicano.
