Chetumal, Quintana Roo. – La recién promulgada Ley Orgánica del Poder Judicial de Quintana Roo ha encendido las alarmas en la capital del estado, Chetumal, al consumar un proceso de centralización del poder en la zona norte, específicamente en Cancún, dejando a la sede gubernamental en un segundo plano administrativo y político.
El corazón del conflicto reside en la creación del nuevo Órgano de Administración Judicial, cuya residencia oficial fue establecida en la ciudad de Cancún. Aunque Chetumal conserva de manera nominal la sede legal del Poder Judicial, pierde funciones clave y la influencia que conlleva albergar la maquinaria administrativa que gestiona los recursos y las decisiones operativas del día a día.
Un Traslado con Trasfondo Político
Fuentes críticas con la medida argumentan que este movimiento va más allá de una simple reubicación logística. Lo describen como una «clara estrategia de centralización» que refleja y acentúa una tendencia creciente en el estado: el desplazamiento del poder real desde la capital política hacia el norte, impulsado por el peso económico y demográfico de Cancún y la Riviera Maya.
Este hecho es visto como un nuevo golpe para Chetumal, que ha visto cómo su importancia como centro de decisión se diluye progresivamente. La capital no solo lucha por retener su relevancia administrativa, sino que también enfrenta una percepción de abandono por parte de las instancias estatales.
Falta de Contrapesos: Congreso y Municipio en la Mira
La reconfiguración del poder judicial no ha encontrado un contrapeso sólido en el Congreso del Estado. Los diputados han sido señalados por su falta de respuesta contundente y por no haber cuestionado la medida ni exigido mecanismos de equilibrio institucional que fortalezcan el rol de Chetumal. En lugar de abogar por una descentralización de funciones, el poder legislativo ha sido permisivo, permitiendo que el centralismo se imponga sin debate aparente.
Por otro lado, la administración municipal de Othón P. Blanco también enfrenta críticas. Analistas políticos señalan su incapacidad para gestionar de manera eficiente los recursos y servicios locales, lo que contribuye a una percepción de debilidad y alimenta el argumento de que la capital no está en condiciones de albergar instituciones clave de manera eficaz, un vacío que Cancún parece estar dispuesta a llenar.
Un Futuro Incierto para la Capital
Aunque oficialmente se justifica como una medida técnica para mejorar la eficiencia de la administración de justicia, opositores a la ley la tachan de ser «un acto de despojo institucional». Señalan que el artículo 116 de la nueva normativa es el pretexto para un traslado que no considera el equilibrio territorial ni la necesidad de fortalecer la gobernabilidad desde la capital.
El riesgo, advierten, es que Chetumal se convierta en una ciudad meramente simbólica, con un título honorífico pero sin la capacidad real de influir en las decisiones cruciales para todo el estado. Este creciente desequilibrio no solo afecta la cohesión territorial de Quintana Roo, sino que también pone en jaque el desarrollo integral de la entidad, dejando a su capital histórica a la sombra de su propia importancia.
