Redacción / Quintana Roo Ahora
Cancún, Quintana Roo.— La secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, confirmó que al menos tres despachos notariales del estado enfrentan procesos penales por su posible implicación en fraudes inmobiliarios. Los involucrados ya fueron notificados por la Dirección de Notarías, y de comprobarse su responsabilidad con una sentencia, las licencias quedarán revocadas.
Torres Gómez reservó las identidades de los notarios señalados, explicando que “en temas penales son tres y en administrativos son varias” las oficinas bajo investigación. Este anuncio surge tras la detención de Ernesto y Cristopher Mahanaim por la Fiscalía General del Estado, acusados de defraudar a 22 personas en operaciones que simulaban legalidad.
De acuerdo con las denuncias, las víctimas eran citadas en notarías para firmar contratos de servicios y de derechos litigiosos, documentos que aparentaban respaldo legal para avalar inversiones engañosas. Ante ello, la funcionaria exhortó a los quintanarroenses a verificar la propiedad de cualquier inmueble en el Registro Público de la Propiedad y a consultar dependencias como Desarrollo Urbano y Sedetus antes de concretar transacciones.
La secretaria recordó que en la Mesa de Certeza Inmobiliaria, conformada con el sector empresarial, se ha insistido en la regulación incluso de preventas de vivienda. Asimismo, advirtió sobre los riesgos de adquirir terrenos sin servicios básicos o sin permisos de desarrollo, pues estos requisitos son imprescindibles según la normatividad estatal.
Sobre las invasiones de predios, Torres Gómez subrayó que quienes ocupan terrenos de forma ilegal no tienen derecho a exigir servicios públicos y resaltó que esta práctica constituye un delito. Reconoció, además, que mientras algunos ciudadanos son víctimas de engaños, otros participan de manera recurrente en tomas de tierra.
Finalmente, la secretaria de Gobierno alertó que la ocupación ilegal frena la inversión y priva a muchas familias de contar con un patrimonio seguro. Como alternativa, invitó a la población a acceder a los programas de vivienda impulsados por el gobierno, cuya finalidad es ofrecer opciones legales y asequibles para la adquisición de un hogar.
