Redacción / Quintana Roo Ahora
Ciudad de México.– La violencia contra autoridades municipales en México ha alcanzado niveles alarmantes. Con el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, el 1 de noviembre de 2025, la cifra de presidentes municipales asesinados en lo que va del año asciende a diez, según recuentos periodísticos y de organizaciones de seguridad.
Los ataques, dispersos pero con patrones comunes, se concentran en estados con fuerte presencia del crimen organizado: Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo y San Luis Potosí. Los alcaldes muertos representan no solo cifras, sino también una radiografía del vacío institucional y el riesgo extremo que enfrentan los gobiernos locales en zonas controladas por grupos armados.
Una cronología del horror (2024–2025)
Carlos Alberto Manzo Rodríguez (Uruapan, Michoacán) – 1 de noviembre de 2025
El alcalde fue asesinado durante la inauguración del Festival de Velas, en plena plaza principal de Uruapan. Hombres armados abrieron fuego entre la multitud, dejando también heridos a su escolta, al regidor Víctor Saladitas y a una empleada municipal.
Miguel Bahena Solórzano (Pisaflores, Hidalgo) – 20 de octubre de 2025
Dos hombres en motocicleta lo atacaron en la comunidad de La Estancia. Recibió al menos cinco disparos y murió antes de recibir atención médica.
Lilia Gema García Soto (San Mateo Piñas, Oaxaca) – 15 de junio de 2025
La alcaldesa fue asesinada con más de 60 disparos cuando un grupo armado irrumpió en el palacio municipal. Varias personas resultaron heridas en el ataque.
Salvador Bastida García (Tacámbaro, Michoacán) – 5 de junio de 2025
El edil fue acribillado frente a su domicilio. En el ataque también murió su escolta, Pastor Cortez Álvarez.
Yolanda Sánchez Figueroa (Cotija, Michoacán) – 3 de junio de 2025
Primera alcaldesa de Cotija, fue asesinada mientras salía de un gimnasio. Recibió 19 disparos desde una camioneta en movimiento; uno de sus escoltas sobrevivió herido.
Isaías Rojas Ramírez (Metlatónoc, Guerrero) – 2 de junio de 2025
Fue atacado a tiros en carretera junto a su esposa. Falleció cinco días después en el hospital, desatando protestas en la región por la impunidad.
Mario Hernández García (Santiago Amoltepec, Oaxaca) – 15 de mayo de 2025
Emboscado y ejecutado en un camino rural de la Sierra Sur. También murieron su chofer y un policía municipal.
Jesús Franco Lárraga (Tancanhuitz, San Luis Potosí) – 15 de diciembre de 2024
El edil fue atacado en carretera; tres de sus acompañantes también fallecieron. Su muerte marcó el inicio de una nueva ola de violencia política en la región huasteca.
Román Ruiz Bohórquez (Candelaria Loxicha, Oaxaca) – 15 de octubre de 2024
Asesinado con arma blanca durante la madrugada en su municipio. Su cuerpo fue hallado cerca de su domicilio.
Alejandro Arcos Catalán (Chilpancingo, Guerrero) – 6 de octubre de 2024
Apenas seis días después de asumir el cargo, fue hallado muerto dentro de una camioneta, decapitado, en un hecho que conmocionó al estado.
Un patrón que se repite: poder local sin protección
Los ataques revelan un patrón de vulnerabilidad estructural: alcaldes sin escoltas, con escaso presupuesto para seguridad y en territorios donde el crimen organizado impone condiciones de gobierno. En muchos casos, las víctimas habían denunciado amenazas previas o solicitado apoyo a los gobiernos estatales y federales sin obtener respuesta.
De acuerdo con especialistas del Colectivo de Análisis de la Violencia Política en México, los municipios con mayor riesgo son aquellos donde confluyen intereses criminales y disputas por el control de recursos públicos o rutas de tráfico ilegal. “Ser alcalde en zonas de conflicto equivale a tener una sentencia de muerte si no se negocia con los grupos dominantes”, señala un informe reciente.
La repetición de estos crímenes socava la gobernabilidad local, paraliza la ejecución de obras y programas, y deja comunidades enteras sin liderazgo. En muchos casos, los cabildos operan con temor o renuncias masivas, lo que abre la puerta a la cooptación criminal.
Además, la impunidad agrava el panorama: pocos casos han derivado en detenciones o sentencias. Según datos de la Asociación Nacional de Alcaldes, más del 90 % de los asesinatos de autoridades locales quedan sin resolver.
Los asesinatos de Manzo, García Soto, Sánchez Figueroa y otros nueve ediles no son hechos aislados: son parte de una crisis nacional de seguridad y de ausencia de Estado en los municipios.
Mientras las autoridades federales se limitan a condenar los ataques, México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer un cargo público local, donde el precio de gobernar puede ser la vida misma.
