Redacción / Quintana Roo Ahora
Por momentos uno pensaría que el Congreso de Quintana Roo no es un poder legislativo, sino una sucursal administrativa de la Consejería Jurídica. En menos de dos años, la XVIII Legislatura ha logrado lo que parecía imposible: acumular siete acciones de inconstitucionalidad y un desacato técnico a la Suprema Corte, con la misma naturalidad con que se acumulan oficios sin leer.
Las materias impugnadas son tan variadas como los errores: movilidad, penal, civil, expropiaciones, universidades judiciales, fiscalías especiales y asentamientos humanos. En cada tema, una constante: legislar sin controles, sin consulta y sin la más mínima autocrítica. El Congreso local ha convertido la corrección de la Corte en una rutina institucional: primero aprueban, luego invalidan.
Detrás de esta fábrica de inconstitucionalidades aparece un nombre que se repite en todos los pasillos: Carlos Felipe Fuentes del Río, el consejero jurídico del Gobierno del Estado. Los enterados aseguran que sus proyectos no pasan por debate alguno: salen de su oficina listos para ser votados. El Congreso, disciplinado y obediente, solo elige quién firma y levanta el dedo.
El resultado es un espectáculo de obediencia institucional, que podría enseñarse en las universidades… de no ser porque una de ellas también fue declarada inconstitucional.
🧾 Acciones de inconstitucionalidad contra leyes de la XVIII Legislatura de Quintana Roo
- Ley de Movilidad (AI 113/2024)
- Promovente: CNDH
- Motivo: Violación al principio de igualdad y no discriminación al exigir carta de antecedentes no penales a los choferes de plataformas digitales.
- Resultado: SCJN invalidó la fracción IX del artículo 151.
- Efecto: Se eliminó el requisito por ser discriminatorio.
- Relevancia: Primera anulación de la XVIII Legislatura por vulnerar derechos laborales y de igualdad.
- Ley Orgánica de la Fiscalía Anticorrupción (AI 29/2025)
- Promovente: CNDH
- Motivo: Facultades inconstitucionales de intervención de comunicaciones y geolocalización sin control judicial.
- Resultado: SCJN declaró inconstitucionales varios artículos.
- Efecto: Se protegieron derechos a la privacidad y legalidad.
- Código Civil (AI 29/2024)
- Promovente: CNDH
- Motivo: Falta de consulta a personas con discapacidad en la reforma al artículo 383 inciso B.
- Resultado: SCJN invalidó el artículo.
- Efecto: Se ordenó un proceso de consulta inclusivo antes de legislar nuevamente.
- Ley de Expropiación (AI 31/2025)
- Promovente: CNDH
- Motivo: Ambigüedad en las causas de “utilidad pública” que permiten expropiaciones discrecionales.
- Estado: En trámite ante la SCJN.
- Efecto: Podría revertirse por violar derechos de propiedad y certeza jurídica.
- Código Penal (AI 113/2024, AI 58/2025 y AI 38/2025)
- Promovente: CNDH
- Motivos:
- Artículo 234 Ter: vulnera legalidad y tipicidad penal.
- Artículo 182: penaliza bloqueos, criminalizando la protesta.
- Artículo 162 Bis: sanciona excesivamente daños de transportistas.
- Estado: En análisis de fondo.
- Efecto: Cuatro acciones abiertas solo en 2024–2025 contra reformas penales de la Legislatura actual.
- Ley Orgánica de la Universidad Judicial (AI 38/2025)
- Promovente: CNDH
- Motivo: Requisitos injustificados para acceder a la Rectoría de la Universidad Judicial.
- Estado: En trámite ante la SCJN.
- Efecto: Se busca garantizar igualdad de acceso a cargos públicos.
- Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
- Promovente: CNDH (resolución previa de 2023).
- Motivo: El Congreso incumplió los criterios de la Corte, manteniendo control centralizado en el Ejecutivo sobre facultades municipales.
- Resultado: Desacato técnico al fallo de la SCJN.
- Efecto: Persisten violaciones a la autonomía municipal y participación ciudadana.
Cada una de estas joyas legislativas ha obligado a la CNDH y a la SCJN a intervenir para corregir el rumbo, mientras el Congreso sigue produciendo decretos a velocidad de fotocopiadora. No se trata de errores aislados, sino de un patrón: legislar al vapor, por disciplina partidista y bajo supervisión del legislador de cabecera.
La ironía es que, mientras la Corte corrige, los responsables celebran su “eficiencia legislativa”. Y sí, lo son: pocas Legislaturas logran invalidar tantas leyes en tan poco tiempo. A este ritmo, no sería raro que la próxima iniciativa regule cómo derogar correctamente una sentencia de inconstitucionalidad.
En medio de este teatro de sombras, la ombudsperson nacional se ha convertido en el último muro de contención frente al absolutismo tropical. Porque aquí las leyes se hacen sin leer, se aprueban sin pensar y se invalidan sin aprender.
Y así, entre decretos exprés, obediencia ciega y desacatos discretos, Quintana Roo vive su propio laboratorio constitucional.
Ya van ocho acciones de inconstitucionalidad y un incumplimiento… y, con suerte, el récord Guinness está a la vuelta de la esquina.
