Redacción / Quintana Roo Ahora
El descarrilamiento del tren interoceánico ocurrido el pasado 28 de diciembre, que dejó un saldo de 13 personas fallecidas y más de un centenar de heridas, fue consecuencia directa del exceso de velocidad con el que era operada la locomotora, confirmó este lunes Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), al dar a conocer los avances del peritaje.
De acuerdo con la fiscal, el tren circulaba al menos 15 kilómetros por hora por encima del límite permitido en el tramo donde ocurrió el siniestro, a la altura del kilómetro 230 de la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos, en las inmediaciones del poblado de Nizanda, Oaxaca. La información se desprende del análisis de la llamada “caja negra”, así como de testimonios de pasajeros y de las inspecciones técnicas realizadas a la unidad.
En un mensaje a medios, Godoy Ramos subrayó que no se encontraron indicios de fallas en la infraestructura ferroviaria ni en los sistemas mecánicos del tren que expliquen el accidente. “El tren se encontraba en condiciones de operación”, dijo, al precisar que no hubo daños previos en rieles, durmientes, balasto, subbalasto o terraplenes que pudieran haber provocado el descarrilamiento.
La funcionaria detalló que el Ministerio Público Federal ejercerá acción penal por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, mientras continúan las investigaciones para fincar responsabilidades. Antes de exponer los resultados técnicos, expresó su solidaridad con las víctimas y con las familias de quienes perdieron la vida, y aseguró que la FGR trabaja para que haya justicia.
Los peritajes revelaron que el convoy circuló gran parte de su trayecto a velocidades superiores a las permitidas. En tramos rectos llegó a alcanzar hasta 150 kilómetros por hora, cuando el límite era de 70, y en zonas de curvas superó en 15 kilómetros por hora lo autorizado, llegando a registrar hasta 65 kilómetros por hora en un tramo donde el máximo permitido era de 50.
Godoy Ramos explicó que los trabajos periciales abarcaron cinco kilómetros antes y después del punto del siniestro, e incluyeron la revisión integral del tren, que estaba conformado por dos locomotoras —una en operación y otra inactiva— y cuatro coches acoplados. Se realizaron inspecciones a la vía, recolección criminalística de indicios, verificación del sistema de acoplamiento, levantamiento topográfico del sitio y la localización, extracción y análisis de la caja registradora de eventos.
Además, las autoridades recopilaron y analizaron toda la documentación normativa y técnica relacionada con la operación del convoy. En las diligencias participaron especialistas en criminalística de campo, topografía, fotografía, audio y video, seguridad industrial, tránsito terrestre, informática, telecomunicaciones, electrónica, medio ambiente, ingeniería mecánica y eléctrica, así como expertos en la interpretación de los datos de la caja negra.
Sobre la reconstrucción de los hechos, la fiscal explicó que el llamado Horario Ferroviario Vigente (HFV), que establece las restricciones y condiciones operativas de la vía, señala que en el tramo del accidente la velocidad máxima permitida es de 45 kilómetros por hora para trenes de carga y de 50 para trenes de pasajeros. Sin embargo, los registros muestran que el tren viajaba a 65 kilómetros por hora en ese punto.
“La caja negra nos permitió conocer factores como la velocidad, la ubicación y el frenado durante todo el recorrido”, explicó Godoy Ramos. Con base en esos datos y en las inspecciones realizadas, la FGR concluyó que no hubo fallas en la infraestructura ni en los componentes del tren que pudieran haber puesto en riesgo su operación.
Incluso, precisó, el convoy —con un peso aproximado de 400 toneladas— fue revisado tras el accidente, incluyendo ruedas, superficies de rodadura, zapatas y elementos de acople, sin que se encontraran anomalías fuera de lo provocado directamente por el descarrilamiento. “Eso significa que el funcionamiento del tren era adecuado; lo que falló fue la forma en que se estaba operando”, sentenció la fiscal.
Así, la investigación perfila con claridad un factor humano detrás de una tragedia que no solo interrumpió la operación del Corredor Interoceánico, sino que volvió a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: cuántas de estas historias, en realidad, no empiezan con una falla técnica, sino con una decisión tomada a demasiada velocidad.
