Redacción / Quintana Roo Ahora
Hay imágenes que indignan más que cualquier discurso político. Una de ellas es la de un almacén lleno de medicamentos e insumos que presuntamente terminaron caducados, dañados por la humedad o simplemente abandonados, mientras en los hospitales de Quintana Roo pacientes recorren farmacia tras farmacia buscando una medicina que el sistema de salud debería garantizarles.
Eso es lo verdaderamente ofensivo.
Porque una cosa es que exista desabasto por problemas nacionales o por retrasos en la distribución. Otra muy distinta es que, de confirmarse las denuncias, los propios medicamentos se hayan dejado perder por negligencia, desorganización o falta de supervisión. Eso no es mala suerte. Eso sería una traición a la confianza de miles de ciudadanos.
Una denuncia anónima señala que, durante una revisión de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno al almacén estatal de la Sesa en Subteniente López, habrían sido detectados medicamentos e insumos presuntamente caducados y en malas condiciones. Corresponde a las autoridades confirmar o desmentir esos hechos mediante una investigación seria y transparente.
Pero mientras eso ocurre, la realidad sigue golpeando a las familias. Madres buscando antibióticos para sus hijos. Adultos mayores comprando tratamientos que deberían recibir gratuitamente. Personal médico improvisando porque faltan materiales básicos para atender a los pacientes.
Y entonces surge una pregunta inevitable: ¿dónde está el secretario de Salud?
Porque la percepción ciudadana es que Flavio Carlos Rosado dedica más tiempo a construir un proyecto político que a resolver la crisis que enfrenta el sistema de salud. Si esa percepción es equivocada, la mejor forma de demostrarlo no es con fotografías ni con eventos públicos, sino con hospitales abastecidos, almacenes ordenados y pacientes atendidos con dignidad.
La salud pública no puede administrarse como una plataforma electoral.
Cada caja de medicamento desperdiciada representa dinero público tirado a la basura, pero también significa una consulta que no pudo completarse, un tratamiento interrumpido o una enfermedad que pudo complicarse. Detrás de cada insumo perdido hay una persona que esperaba recibir atención.
Los quintanarroenses no necesitan funcionarios pensando en la siguiente candidatura. Necesitan servidores públicos concentrados en la responsabilidad que ya tienen.
Si las irregularidades se confirman, no bastará con señalar responsables menores ni con prometer que «se investigará». La ciudadanía merece saber quién permitió que eso ocurriera, cuánto dinero público se perdió y qué medidas se tomarán para que nunca vuelva a repetirse.
Porque la salud no puede esperar a que termine una campaña política. La salud se atiende hoy.
