Redacción / Quintana Roo Ahora
México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que inició acciones legales contra seis personas, entre ellas la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, por su presunta participación en la simulación de un secuestro denunciado a inicios de junio.
De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el supuesto plagio habría sido planeado con el objetivo de obtener un rescate de 40 millones de pesos provenientes de recursos públicos, dinero que presuntamente serviría para cubrir un desfalco en las finanzas municipales.
La edil, militante de Morena y expresidenta del Consejo Estatal de ese partido, denunció el pasado 1 de junio haber sido víctima de secuestro. Según su versión, habría sido privada de la libertad un día antes y posteriormente logró escapar de sus captores.
Sin embargo, las indagatorias de la Fiscalía apuntan a que los hechos fueron simulados.
La dependencia informó que obtuvo órdenes de aprehensión contra Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N”, quienes ya fueron detenidos, al igual que Cristian “N”. Asimismo, se emitieron órdenes de captura contra José Roberto “N” y Óscar “N”, quienes permanecen prófugos.
En cuanto a Nancy Nápoles Pacheco, la Fiscalía confirmó que también enfrenta acusaciones por el delito de simulación de secuestro y que su audiencia está programada para el próximo 9 de julio.
Las investigaciones señalan que entre los presuntos involucrados también figuran familiares cercanos de la alcaldesa, incluido su esposo y un cuñado.
De acuerdo con la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, los particulares involucrados podrían enfrentar penas de hasta 16 años de prisión por la simulación del delito. Además, Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N” son investigados por presunta extorsión, ilícito que podría alcanzar sanciones de hasta 25 años de cárcel.
Respecto al presunto intento de afectar el erario municipal por 40 millones de pesos, la Fiscalía dio vista a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), que ya analizan posibles responsabilidades administrativas y penales.
El caso ha generado gran controversia en el Estado de México, debido a que involucra a una autoridad municipal en funciones y a una presunta estrategia para obtener recursos públicos mediante la simulación de un delito de alto impacto.
