Redacción / Quintana Roo Ahora
Cancún, Quintana Roo.— Durante cuatro años y medio, María Dolores Patrón Pat buscó a su hija Francisca Mariner Flores Patrón. Recorrió distintos puntos, participó en búsquedas, protestó y exigió respuestas a las autoridades. Sin embargo, la joven había sido localizada sin vida apenas un mes después de su desaparición y sus restos permanecieron durante años sin identificar en el Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Cancún.
El caso, que llevó a María Dolores a encabezar el colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo, continúa teniendo repercusiones judiciales en 2026, ahora por las presuntas omisiones de servidores y exservidores públicos que participaron en las investigaciones.
Francisca tenía 17 años cuando desapareció
Francisca fue vista por última vez el 22 de junio de 2020 en Cancún, cuando tenía 17 años. De acuerdo con información posteriormente difundida sobre el expediente, vivía con quien entonces era su pareja, Ángel Conrado Salas Blanco. Tras su desaparición se activaron mecanismos de búsqueda, entre ellos la Alerta Amber y el Protocolo Alba.
Lo que su familia desconocía era que el 21 de julio de 2020, aproximadamente un mes después de su desaparición, había sido localizado un cuerpo en un área verde de la Supermanzana 105 de Cancún. Ese cuerpo fue trasladado al SEMEFO y registrado sin identificar.
Durante los siguientes años, María Dolores siguió buscando.
En diciembre de 2024 finalmente recibió la confirmación: aquellos restos correspondían a Francisca. Según relató la propia madre, previamente se habían realizado pruebas genéticas que no permitieron establecer la identidad; posteriormente, una confronta genética con una muestra de la hija de Francisca permitió obtener una coincidencia.
50 años de prisión por su desaparición
Mientras Francisca continuaba oficialmente desaparecida, el proceso penal contra Ángel Conrado Salas Blanco avanzó.
En octubre de 2024 fue condenado a 50 años de prisión por el delito de desaparición de personas cometida por particulares. En agosto de 2025, la Novena Sala del Sistema Penal Oral confirmó la sentencia después de resolver la apelación presentada por la defensa.
La condena de 50 años, por tanto, corresponde específicamente al delito de desaparición cometida por particulares. Esto es importante porque algunas publicaciones han descrito al sentenciado también como responsable del homicidio o presunto feminicidio, pero esos señalamientos no deben confundirse con el delito por el cual quedó confirmada esa sentencia.
La batalla ahora apunta a las presuntas omisiones oficiales
El hallazgo no puso fin a la exigencia de justicia de María Dolores.
Durante 2026 han continuado procedimientos relacionados con funcionarios y exfuncionarios señalados por presuntas omisiones en el manejo del caso. En marzo se reportó que dos servidores públicos vinculados a proceso promovieron recursos de amparo para combatir las decisiones judiciales en su contra. Las imputaciones y responsabilidades individuales todavía deben resolverse conforme avancen esos procedimientos.
El proceso incluso registró un nuevo revés en mayo de 2026, cuando se informó que un juez federal ordenó reponer una audiencia relacionada con la vinculación a proceso de un exfiscal de homicidios debido a un problema detectado en la grabación de la diligencia. María Dolores denunció que esa determinación significaba meses adicionales de espera.
Así, casi seis años después de la desaparición de Francisca, el caso permanece abierto en otra vertiente: determinar judicialmente si servidores públicos incurrieron en responsabilidades por las presuntas irregularidades que impidieron relacionar oportunamente el cuerpo localizado en julio de 2020 con la adolescente reportada como desaparecida.
Para María Dolores Patrón, encontrar a su hija transformó la búsqueda, pero no terminó con su lucha. Ahora continúa acompañando a otras familias desde Madres Buscadoras de Quintana Roo y exigiendo que las presuntas omisiones institucionales en el caso de Francisca también sean esclarecidas ante los tribunales.
