Redacción / Quintana Roo Ahora
CANCÚN, QUINTANA ROO, 29 DE OCTUBRE DE 2026.— La disputa por un terreno de aproximadamente 20 hectáreas, reclamado durante años por José Juárez Gil, mejor conocido como «Pepe Tigre», parece haber llegado a su desenlace judicial. Sin embargo, lejos de desaparecer, la controversia abre nuevas interrogantes sobre el destino de una de las superficies con mayor valor comercial en el corredor del Aeropuerto Internacional de Cancún.
De acuerdo con información difundida recientemente, el litigio que se remonta a 2012 concluyó en tribunales con una resolución favorable a la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO), dependencia que actualmente tiene bajo su posesión y administración el inmueble.
El terreno se encuentra a la altura del kilómetro 14.5 del bulevar Luis Donaldo Colosio, en las inmediaciones del ejido Alfredo V. Bonfil, y tendría un valor comercial estimado superior a los 250 millones de pesos, debido a su ubicación estratégica y al crecimiento inmobiliario de Cancún.
Durante años, Pepe Tigre ha sostenido que el predio le corresponde y que pretendía utilizarlo para desarrollar un espacio destinado al resguardo de grandes felinos. Sus simpatizantes consideran que fue víctima de un despojo, aunque esta acusación no ha sido acreditada mediante la documentación judicial disponible públicamente.
Un terreno millonario y una disputa que comenzó hace más de una década
La controversia no es reciente.
Desde 2012, José Juárez Gil mantiene una disputa por la posesión del inmueble, que anteriormente estuvo relacionado con un proyecto de conservación y exhibición de grandes felinos.
Según los antecedentes publicados, el terreno quedó bajo control del entonces Instituto del Patrimonio Inmobiliario del Estado de Quintana Roo, organismo que posteriormente dio paso a la actual AGEPRO.
El secretario de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, Óscar Alberto Rébora Aguilera, declaró recientemente que el conflicto legal comenzó durante administraciones estatales anteriores y que las autoridades actuales deben respetar las resoluciones emitidas por los tribunales.
No obstante, aunque se ha informado que el litigio concluyó, todavía resulta necesario conocer públicamente el expediente judicial completo, los antecedentes de propiedad y los alcances precisos de la resolución.
¿Qué pasará con las 20 hectáreas?
Esta es una de las principales preguntas que deja el caso.
Si el terreno se encuentra legalmente bajo administración de AGEPRO, corresponde a las autoridades explicar cuál será su destino y si existe algún proyecto público, inmobiliario, turístico o de otra naturaleza contemplado para esa superficie.
También resulta pertinente conocer si existe un avalúo oficial actualizado, pues la estimación comercial de más de 250 millones de pesos difundida recientemente no equivale necesariamente al valor registrado por el Gobierno del Estado.
Hasta la información pública localizada para esta actualización, no se ha identificado un anuncio oficial que establezca un proyecto definitivo para el predio.
Por ello, resulta fundamental que las autoridades transparenten su situación patrimonial y los planes que pudieran existir para su aprovechamiento.
¿Y qué ocurrió con los animales de Pepe Tigre?
El conflicto territorial también está relacionado con una controversia ambiental que se remonta a varios años.
Pepe Tigre alcanzó notoriedad en Cancún por su antiguo restaurante Pepe’s Tigers, ubicado en el kilómetro 6.5 del bulevar Kukulcán, donde durante décadas se exhibieron jaguares, tigres y otros grandes felinos.
Sin embargo, en 2011, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró diversos ejemplares debido a irregularidades detectadas en su manejo y documentación.
La polémica resurgió en septiembre de 2026, cuando comenzaron a circular videos en los que José Juárez Gil aparecía acompañado por un jaguar dentro de las instalaciones de su antiguo establecimiento.
Ante esta situación, Profepa realizó dos visitas relacionadas con el caso.
La primera ocurrió el 21 de septiembre en el terreno de Alfredo V. Bonfil, actualmente administrado por AGEPRO.
Durante el recorrido, los inspectores localizaron cinco estructuras correspondientes a antiguas jaulas, abandonadas y deterioradas, pero no encontraron ejemplares de fauna silvestre.
La segunda visita se realizó el 24 de septiembre en el inmueble de la Zona Hotelera, donde las autoridades pretendían verificar las condiciones del jaguar.
Sin embargo, la revisión no pudo concretarse porque, según Profepa, no se otorgaron las facilidades necesarias para efectuar la inspección física y veterinaria.
Por lo tanto, continúa pendiente conocer públicamente la situación actual del ejemplar y la documentación que ampara su posesión.
Protestas y acusaciones de presunto despojo
El pasado 27 de septiembre, simpatizantes de Pepe Tigre realizaron una manifestación en Cancún para exigir claridad sobre la situación del terreno y de los animales.
La movilización comenzó en las inmediaciones de Playa Tortugas, en la Zona Hotelera, y posteriormente se trasladó al bulevar Luis Donaldo Colosio, donde se registraron afectaciones a la circulación.
Durante la protesta, los participantes expresaron su respaldo a José Juárez Gil y cuestionaron la actuación de las autoridades.
Aunque algunos manifestantes sostienen que existen intereses económicos detrás de la disputa, hasta ahora no se han presentado pruebas públicas suficientes para confirmar que la resolución judicial responda a un proyecto inmobiliario irregular.
La resolución judicial no termina con las preguntas
El caso Pepe Tigre reúne dos controversias diferentes que deben analizarse por separado: la disputa por la propiedad de las 20 hectáreas y la situación legal y ambiental de los grandes felinos.
Por una parte, las autoridades sostienen que existe una resolución judicial que favorece a AGEPRO.
Por otra, José Juárez Gil y sus simpatizantes mantienen su inconformidad y cuestionan la pérdida del terreno.
Mientras tanto, persisten interrogantes sobre los antecedentes de la propiedad, el valor real del inmueble y el destino que tendrá una superficie de aproximadamente 200 mil metros cuadrados en una zona estratégica de Cancún.
Si el terreno ya pertenece legalmente al patrimonio estatal, la ciudadanía tiene derecho a conocer qué se hará con él, cuánto vale realmente y si existen proyectos contemplados para su utilización.
A 29 de octubre de 2026, la controversia judicial se presenta como concluida según las autoridades, pero el debate público sobre la transparencia del caso permanece abierto.
