Redacción / Quintana Roo Ahora
Ciudad de México.- El Gobierno de México aseguró que no cuenta con información ni pruebas propias sobre la existencia de una organización criminal denominada “Mafia Cubana de Quintana Roo”, pese a una investigación de The New York Times que documentó presuntos vínculos de una red dedicada al tráfico de personas, robo de embarcaciones y contrabando entre Cuba, México y Estados Unidos.
La postura oficial fue difundida por el Gabinete de Seguridad, que señaló no tener elementos propios respecto de los señalamientos publicados por el diario estadounidense, incluidos los presuntos vínculos entre integrantes de organizaciones criminales y funcionarios extranjeros o familiares de estos.
Aunque el Gobierno mexicano afirmó que mantiene su compromiso con la cooperación internacional para combatir el crimen organizado y el tráfico de personas, la respuesta deja abierta una interrogante sobre el nivel de conocimiento que las autoridades nacionales pudieron haber tenido acerca de las operaciones descritas en la investigación.
De acuerdo con The New York Times, la organización habría sido investigada durante varios años por autoridades estadounidenses y estaría relacionada con el traslado clandestino de personas desde Cuba hacia México y Estados Unidos, así como con el robo de embarcaciones y actividades de contrabando.
La investigación periodística señala que Quintana Roo habría funcionado como uno de los puntos de conexión de esta red, cuyos movimientos fueron investigados dentro de la denominada Operación Sísifo, en la que participaron el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Según la información difundida, al menos 21 personas fueron condenadas en Estados Unidos por delitos relacionados con esta estructura criminal, con sentencias que llegaron a varias décadas de prisión.
Uno de los nombres mencionados en la investigación es el de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “El Cangrejo” y nieto del expresidente cubano Raúl Castro. Integrantes de la organización lo habrían señalado ante fiscales estadounidenses como supuesto colaborador o facilitador de algunas de sus operaciones.
Sin embargo, Rodríguez Castro no ha sido acusado formalmente por la justicia estadounidense en relación con este caso, por lo que cualquier señalamiento en su contra debe considerarse una acusación no probada judicialmente.
La controversia se centra ahora en determinar qué información tenían las autoridades mexicanas sobre las actividades descritas en los expedientes estadounidenses y si existieron investigaciones o acciones de inteligencia relacionadas con esta presunta red.
La respuesta del Gobierno tampoco precisa si la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional o las autoridades de Quintana Roo habían identificado previamente a personas, embarcaciones o movimientos vinculados con los hechos investigados en Estados Unidos.
Más allá de la información publicada por el diario estadounidense, el caso coloca nuevamente bajo escrutinio la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de inteligencia, tráfico de personas y delincuencia organizada, particularmente cuando una investigación internacional señala a Quintana Roo como uno de los puntos donde presuntamente habría operado esta red.
