Redacción | Quintana Roo Ahora
Este domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum presentará en Quintana Roo la Estrategia Nacional para la Atención del Sargazo, un fenómeno que desde hace años representa uno de los mayores desafíos ambientales, económicos y turísticos del Caribe mexicano. La acumulación masiva de macroalgas afecta playas, ecosistemas costeros, arrecifes, actividades pesqueras y una de las principales fuentes de ingresos del estado: el turismo.
Sin embargo, la eficacia de cualquier estrategia ambiental no depende únicamente de las acciones del Gobierno Federal. También requiere que las instituciones estatales responsables de la protección del medio ambiente orienten sus recursos hacia las prioridades que enfrentan diariamente los ecosistemas de Quintana Roo.
Una revisión documental de la contratación pública ambiental correspondiente a los ejercicios fiscales 2023 y 2024 identifica un patrón que se repitió durante dos años consecutivos: al menos 45 contratos por cerca de 150 millones de pesos fueron destinados principalmente a capacitación, talleres, campañas de difusión y otros servicios de naturaleza intangible, mediante procedimientos de invitación restringida y con una elevada concentración del gasto en un reducido grupo de proveedores.
Cerca de 150 millones de pesos en dos años
Durante 2023 se documentaron 26 contratos por un monto de 74 millones 342 mil 617 pesos. Para 2024, el universo inicialmente revisado comprendió 18 contratos por 71 millones 704 mil 999 pesos, aunque la relación oficial incorpora un contrato adicional identificado como PPA-DA-IR3-0112-2024, por cuatro millones de pesos, lo que eleva el monto documentado de ese ejercicio a 75 millones 614 mil 999 pesos. En conjunto, ambos años representan aproximadamente 150 millones de pesos ejercidos mediante contratación pública ambiental.
La concentración del gasto
La revisión también muestra una importante concentración de recursos en pocos proveedores. En 2023, dos empresas concentraron 43 millones 268 mil pesos, equivalentes a más de la mitad del monto analizado ese año. Procesos Integrales ARH recibió 23 millones 548 mil pesos, mientras que Yukawa Servicios Comerciales obtuvo 19 millones 720 mil pesos.
El patrón continuó durante 2024. Los cuatro principales proveedores concentraron 55 millones 879 mil 999 pesos, equivalentes al 77.9 % del gasto revisado. Servicios y Asesorías TON recibió 20 millones 329 mil 999 pesos; Publicidad y MKT Dunne, 15 millones 800 mil pesos; Ducktown, 11 millones 760 mil pesos, y Publicidad Elkins, 7 millones 989 mil 999 pesos.
¿En que se ejercieron los recursos?
El análisis de los objetos de contratación revela que durante 2023 el 41 % del gasto correspondió a capacitaciones, 28.6 % a talleres y 10.1 % a servicios de difusión, de modo que cerca del 70 % del presupuesto revisado terminó destinado a actividades de capacitación y formación.
En 2024 la tendencia incluso se acentuó: el universo documental revisado se concentró exclusivamente en dos rubros. El 61.3 % correspondió a campañas de difusión ambiental y el 38.7 % restante a capacitación, sin que aparezcan contrataciones relevantes relacionadas directamente con acciones materiales de restauración, vigilancia ambiental o atención de problemáticas como el sargazo.
Contratos con montos muy similares
Otro aspecto que llama la atención es la homogeneidad de los montos contratados. Durante 2024, quince de los dieciocho contratos revisados oscilaron entre 3.89 y 4.30 millones de pesos, con un promedio cercano a 3.98 millones por contrato.
En 2023 también aparecen importes prácticamente repetidos, entre ellos contratos por 5.22 millones, 4.06 millones, 2.90 millones, 1.566 millones y 1.276 millones de pesos. Los propios informes técnicos aclaran que este comportamiento constituye únicamente un indicador para revisión, mas no una prueba de irregularidad.
El debate sobre las prioridades
La revisión documental no cuestiona la utilidad de capacitar servidores públicos ni de impulsar campañas de educación ambiental. Sin embargo, abre una discusión sobre las prioridades del gasto cuando Quintana Roo enfrenta desafíos permanentes como el arribo masivo de sargazo, la conservación de áreas naturales protegidas, la vigilancia ambiental, la protección de ecosistemas costeros, el manejo de residuos sólidos y la conservación de la biodiversidad.
La pregunta central no es si los cursos o campañas son necesarios, sino por qué una proporción tan importante del presupuesto ambiental terminó concentrándose en servicios cuya ejecución e impacto únicamente pueden comprobarse mediante la revisión posterior de entregables administrativos, mientras el estado enfrenta una de las crisis ambientales más severas de las últimas décadas.
En conclusión
Este reportaje no busca condenar a nadie, pero si muestra un patrón de contratación que plantea preguntas legítimas sobre las prioridades del gasto público en un estado que enfrenta una crisis ambiental permanente. El papel del periodismo es investigar, documentar y poner la información sobre la mesa; el de las autoridades, explicar y, si es necesario, investigar. A partir de los hechos y los documentos aquí presentados, que cada lector saque sus propias conclusiones.
