Redacción / Quintana Roo Ahora
Cancún, Quintana Roo.- La separación de un agente de Tránsito señalado por presuntamente intentar extorsionar a turistas extranjeros con 630 dólares en la zona hotelera ha reabierto un debate que desde hace meses persiste entre la ciudadanía: ¿realmente están funcionando las cámaras corporales que portan los elementos de seguridad?
A casi dos años de la implementación de las llamadas bodycams en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito (SSCyT), el caso ha generado cuestionamientos sobre el alcance real de una estrategia que costó más de 31 millones de pesos y que fue presentada como una herramienta para combatir la corrupción y fortalecer la transparencia.
Aunque las autoridades sostienen que las cámaras deben permanecer encendidas durante toda la jornada laboral y registrar cualquier interacción con la ciudadanía, habitantes de Cancún consideran que los resultados aún están lejos de cumplir las expectativas.
“Si las cámaras estuvieran funcionando como dicen, muchos de estos casos se detectarían antes de que llegaran a las redes sociales”, comentó uno de los ciudadanos consultados.
La percepción no es aislada. Diversas opiniones coinciden en que los videos parecen convertirse en evidencia únicamente cuando existe una denuncia formal o cuando un hecho alcanza notoriedad pública.
Actualmente la corporación cuenta con alrededor de 725 dispositivos asignados al personal operativo. Sin embargo, información oficial señala que el material grabado suele revisarse cuando existe una queja, una investigación interna o una solicitud específica de alguna autoridad.
Para muchos ciudadanos, ese esquema convierte a las cámaras en una herramienta reactiva más que preventiva.
Los números también reflejan que los problemas persisten dentro de la corporación. En lo que va del año, siete elementos han sido separados de sus funciones por diversas irregularidades, mientras que 42 uniformados han recibido sanciones por incumplir con el uso obligatorio de las cámaras corporales.
La situación ha llevado a algunos sectores a cuestionar si el problema radica en la tecnología o en la supervisión.
“Las cámaras no sirven de mucho si nadie está revisando lo que graban”, señaló otro entrevistado durante el sondeo.
Mientras tanto, el reciente caso de presunta extorsión vuelve a colocar bajo presión a las autoridades municipales, que han defendido el sistema como una medida para proteger tanto a los ciudadanos como a los propios policías.
Lo cierto es que cada nuevo escándalo revive la misma pregunta entre los cancunenses: si cada intervención está siendo grabada, ¿por qué los presuntos actos de corrupción siguen apareciendo una y otra vez?
La respuesta, aseguran algunos ciudadanos, podría encontrarse no en las cámaras que portan los agentes, sino en quién vigila lo que esas cámaras registran.
