Redacción / Quintana Roo Ahora
México.-La justicia en México enfrenta uno de sus mayores desafíos: el creciente número de carpetas de investigación que permanecen sin resolverse. Datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia revelan que la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales acumularon más de 4.7 millones de expedientes hasta 2024, de los cuales más de 2.1 millones continúan pendientes.
El rezago se ha incrementado de manera constante en los últimos años. Mientras en 2020 se contabilizaban alrededor de 2.9 millones de carpetas acumuladas, para 2024 la cifra alcanzó los 4.7 millones, lo que refleja la creciente presión sobre las instituciones encargadas de investigar delitos y procurar justicia.
Detrás de estos números se encuentra una realidad compleja: la insuficiencia de personal y recursos. De acuerdo con organizaciones especializadas, los ministerios públicos enfrentan cargas de trabajo que dificultan el seguimiento oportuno de las investigaciones. En promedio, cada agente tiene bajo su responsabilidad 258 expedientes de manera simultánea.
La situación es especialmente crítica en algunos estados. En Jalisco, cada ministerio público atiende cerca de 896 carpetas de investigación, mientras que en Aguascalientes la cifra supera las 700. Estos niveles de saturación reducen la capacidad institucional para dar respuesta a las denuncias presentadas por la ciudadanía.
A ello se suma que solo una pequeña parte de los casos logra avanzar hacia los tribunales. El informe “Inseguridad, injusticia, instituciones rotas: el caso de las fiscalías” señala que apenas el 15 por ciento de las resoluciones ministeriales derivan en el ejercicio de la acción penal.
Las condiciones laborales también representan un desafío. El estudio destaca que cerca del 30 por ciento del personal de las fiscalías estatales carece de prestaciones como seguro de vida, además de existir importantes diferencias salariales entre entidades, lo que impacta en la estabilidad y desempeño de los trabajadores.
Especialistas consideran que el rezago acumulado, la falta de personal y las limitaciones presupuestales contribuyen a fortalecer la percepción de impunidad y a debilitar la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de impartir justicia.
Ante este panorama, diversas organizaciones han insistido en la necesidad de impulsar reformas estructurales que permitan fortalecer las capacidades de investigación, mejorar las condiciones laborales del personal y reducir el enorme volumen de expedientes que esperan una resolución en el país.
