Playa del Carmen, Quintana Roo.— El exalcalde de Puerto Aventuras, Gilberto “N”, así como Karla Paola “N” y Jorge “N”, quienes también ocuparon cargos públicos en esa alcaldía, fueron vinculados a proceso por su probable participación en el delito de extorsión agravada contra una comerciante de la colonia Puerto Maya.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que una jueza de Control determinó procesar a los tres exfuncionarios y les impuso prisión preventiva por dos años mientras continúa el procedimiento penal.
De acuerdo con la investigación, Karla Paola “N” se desempeñaba en la Dirección de Desarrollo Económico, mientras que Jorge “N” trabajaba en la Dirección de Deportes. Ambos presuntamente participaron, junto con Gilberto “N”, en una serie de presiones y amenazas para exigir dinero a la comerciante.
La carpeta de investigación señala que el 19 de enero de 2026, la víctima acudió con Karla Paola “N”, quien presuntamente le solicitó llenar documentos y realizar un pago, bajo la advertencia de que, de no hacerlo, le retirarían sus pertenencias.
Posteriormente, el 6 de febrero, Jorge “N” habría acudido al establecimiento acompañado de otras personas y, presuntamente por instrucciones del entonces alcalde, amenazó a la comerciante para que se presentara con Karla Paola. De lo contrario, le advirtió que regresarían para agredirla.
Según la Fiscalía, el 11 de febrero la mujer entregó el dinero solicitado, pese a que el trámite para el que le exigían documentación era gratuito. Presuntamente, le hicieron creer que el pago le garantizaría protección mientras Gilberto “N” permaneciera en el cargo.
La investigación también documenta un episodio ocurrido el 7 de mayo, cuando Jorge “N”, acompañado de otras dos personas, presuntamente exigió a la comerciante una cuota semanal, bajo amenazas de desalojarla y agredirla físicamente. A partir de entonces, la víctima habría comenzado a realizar pagos periódicos.
Con la resolución judicial, los tres exfuncionarios deberán permanecer bajo prisión preventiva durante el plazo establecido, mientras continúa el proceso para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Los señalados mantienen la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia condenatoria.
