febrero 7, 2025

Paso En Falso

Resulta insultante que el diputado federal Juan Carrillo Soberanis tenga el descaro de minimizar las acusaciones en su contra con frases tan ambiguas -dadas en público en el pasado- como «se han dicho muchas verdades que no son verdades». Una declaración que no solo raya en lo absurdo, sino que refleja la forma en que los políticos acostumbran a retorcer el lenguaje para evitar asumir responsabilidades. ¿Qué pretende Juan Carrillo? ¿Que olvidemos las 21 denuncias penales por peculado, desvío de recursos y ejercicio ilícito de la función pública que pesan sobre su administración como alcalde de Isla Mujeres?

El daño patrimonial, que asciende a 280 millones de pesos, no es un tema menor. Se trata de recursos que debieron destinarse a mejorar la calidad de vida de los isleños, no a alimentar una red de corrupción. Sin embargo, en lugar de dar explicaciones claras y asumir consecuencias, Carrillo se refugia en el cinismo, argumentando que «no se litiga ante los medios de comunicación». ¿Acaso no entiende que como funcionario público tiene el deber de rendir cuentas, especialmente cuando los señalamientos afectan directamente al bienestar de la ciudadanía?

La narrativa que intenta vender, de que «todo va muy bien» y que las denuncias son un simple malentendido, resulta una burla para los contribuyentes que han pagado el precio de su mala gestión. La evasión de impuestos al SAT y las retenciones al ISSSTE no son acusaciones menores; son conductas que ponen en riesgo la estabilidad financiera de las instituciones y afectan directamente a los trabajadores. ¿Cómo pretende Carrillo que se confíe en su palabra cuando los hechos hablan por sí mismos?

La Cuarta Transformación ha insistido en el combate frontal a la corrupción, pero casos como el de Juan Carrillo muestran que el discurso choca con la realidad. Si la 4T quiere mantener su credibilidad, debe actuar con firmeza y no permitir que personajes como él sigan ocupando cargos públicos mientras cargan con un historial tan turbio. Porque, al final, la tolerancia hacia la impunidad no solo desacredita al sistema, sino que condena a los ciudadanos a seguir soportando el peso de los abusos de sus gobernantes.

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