febrero 7, 2025

Redacción / Quintana Roo Ahora

QUINTANA ROO.- En un acto que marca la polémica en la legislación local, el Gobierno de Quintana Roo, liderado por Mara Lezama, promulgó la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio. El Decreto Número 090, firmado el pasado 14 de enero y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 16 de enero, introduce un marco legal que promete modernizar procesos de interés público, pero que también despierta inquietudes entre diversos sectores.

¿Qué es y qué cambia?

La ley busca establecer criterios claros para que el estado pueda intervenir en propiedades privadas cuando se trate de proyectos que beneficien a la colectividad. Esto incluye obras de infraestructura, desarrollo urbano y servicios públicos esenciales. Entre sus ejes destacan:

1. Expropiación y ocupación temporal: Se regulan los casos en que el estado puede tomar control de bienes inmuebles, ya sea de manera definitiva o temporal, siempre bajo el principio de interés público.


2. Limitación de dominio: Se introduce la posibilidad de restringir derechos de propiedad cuando interfieran con el desarrollo social y económico de la región.


3. Reformas fiscales: Cambios en los códigos fiscales estatal y municipal para optimizar la recaudación y mejorar la transparencia en el uso de recursos públicos.



Aunque estas disposiciones apuntan a actualizar un marco normativo que llevaba casi medio siglo sin modificaciones, la ambigüedad sobre ciertos procedimientos genera dudas sobre el alcance real de estas facultades.

Progreso vs. Temores

Desde el gobierno, las intenciones son claras. “Esta ley es una herramienta para avanzar en el desarrollo de Quintana Roo, garantizando transparencia y justicia en cada proceso”, aseguró Lezama durante la promulgación del decreto. Sin embargo, voces críticas han cuestionado si estos nuevos poderes podrían abrir la puerta a abusos, especialmente en un estado que enfrenta retos históricos en materia de transparencia y gobernabilidad.

Organizaciones de la sociedad civil han solicitado garantías de que los procesos expropiatorios respeten derechos humanos y aseguren compensaciones justas. Asimismo, líderes empresariales expresaron su preocupación por el impacto potencial en la seguridad jurídica de sus inversiones.

Un marco para el desarrollo… ¿o para el conflicto?

Los defensores de la ley apuntan que puede ser el catalizador de proyectos clave como carreteras, hospitales y escuelas. Sin embargo, expertos legales y económicos insisten en que la clave estará en los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas que acompañen a esta legislación.

La Secretaria de Gobierno, Cristina Torres, enfatizó en la transparencia como un eje rector: “No hay proyectos de expropiación en curso. Este decreto actualiza una legislación arcaica para hacerla acorde a los tiempos que vivimos”. A pesar de estas declaraciones, persiste la percepción de que podría utilizarse de manera discrecional.

El desafío de la confianza

En un estado con un historial de corrupción y manejo opaco de recursos, este decreto supone un doble reto: garantizar la eficacia en proyectos de interés público y construir confianza ciudadana en los procedimientos del gobierno.

Para que la Ley de Expropiación sea una herramienta de progreso y no un motivo de conflicto, será esencial que la ciudadanía, los medios de comunicación y las organizaciones civiles permanezcan vigilantes y exijan transparencia.

Al final, el éxito o fracaso de esta legislación dependerá no solo de las intenciones del gobierno, sino de su capacidad para demostrar que el interés público está por encima de cualquier interés privado o político.

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