Redacción / Quintana Roo Ahora
ESTADOS UNIDOS.- En un giro inédito que agita los cimientos de la educación superior en Estados Unidos, la Universidad de Harvard ha decidido llevar a los tribunales a la administración del expresidente Donald Trump, tras una abrupta decisión gubernamental que prohíbe a la institución inscribir estudiantes internacionales. La demanda, presentada este viernes en un tribunal federal de Massachusetts, busca frenar lo que Harvard califica como una “acción ilegal, injustificada y devastadora”.
La medida, anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional el jueves, revoca la certificación del programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio de Harvard, dejando sin estatus legal a más de 7 mil estudiantes extranjeros con visas F-1 y J-1. La universidad, que cuenta con más de 6 mil 800 alumnos internacionales —el 27% de su matrícula total—, advierte que esta decisión amenaza no sólo el bienestar de su comunidad estudiantil, sino también su capacidad de operar como un centro global de conocimiento.
“Condenamos esta acción. Pone en peligro el futuro de miles de estudiantes y académicos de Harvard y manda un mensaje de exclusión a todo el mundo”, declaró Alan Garber, presidente interino de la universidad.
La administración Trump justificó la medida argumentando que Harvard ha “creado un ambiente inseguro en el campus”, sin especificar en qué consisten los riesgos. Pero detrás del discurso oficial subyacen tensiones más profundas: el gobierno ha exigido cambios estructurales en la gobernanza de la universidad, mayor diversidad ideológica, y un control más estricto sobre las admisiones y contrataciones. Incluso ha cuestionado el manejo de incidentes relacionados con el antisemitismo, usando ese argumento como punta de lanza para imponer sanciones.
La embestida no se queda en el terreno migratorio. El gobierno ya había congelado más de 2.6 mil millones de dólares en fondos federales y amenazado con suspender futuras asignaciones. Además, el expresidente Trump ha insinuado que buscaría revocar la exención de impuestos de la institución, una medida que golpearía directamente la capacidad operativa de una universidad cuya fortuna —estimada en 53 mil millones de dólares— está en gran parte sujeta a restricciones legales.
La demanda presentada por Harvard sostiene que la revocación de su certificación fue repentina, arbitraria y sin debido proceso. «De un plumazo, el gobierno ha buscado borrar una cuarta parte del cuerpo estudiantil de Harvard», se lee en el documento legal. La universidad enfatiza que ha estado certificada para aceptar estudiantes internacionales durante más de 70 años, tiempo en el que ha tejido una compleja red de programas, investigaciones y laboratorios financiados, en parte, por el talento extranjero.
Las implicaciones del caso trascienden los muros de Harvard. Otras universidades de élite observan con alarma el precedente que podría sentarse. En un país donde más de un millón de estudiantes internacionales sostienen parte del motor académico, científico y económico de las universidades, esta decisión representa no sólo una ruptura legal, sino también simbólica: ¿puede una nación que se jacta de ser tierra de oportunidades cerrar sus puertas al talento global?
La demanda de Harvard busca, más allá de una resolución judicial, preservar un principio: que el conocimiento no tenga fronteras impuestas por la ideología. Y que ninguna política, por poderosa que sea, debería decidir quién tiene derecho a soñar con una educación.
