Redacción / Quintana Roo Ahora
Ciudad de México, 21 de abril de 2026.— El feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, cuyo cuerpo fue localizado la mañana del 18 de abril en un inmueble de la Avenida Revolución, ha desatado una fuerte indignación social y colocado bajo escrutinio el actuar de la , evidenciando fallas estructurales, retrasos burocráticos y presuntos actos de corrupción.
De acuerdo con testimonios de familiares, Edith fue vista por última vez el 15 de abril, cuando salió de su domicilio en la alcaldía Iztapalapa rumbo a un inmueble en la alcaldía Benito Juárez, tras recibir una oferta de empleo. Al perder contacto con ella, sus allegados acudieron de inmediato a la Fiscalía para reportar su desaparición; sin embargo, denunciaron haber enfrentado trabas administrativas que retrasaron la reacción oficial.
Ante la falta de respuesta, la familia emprendió por cuenta propia labores de búsqueda, incluso proporcionando desde las primeras horas la ubicación exacta del lugar donde presuntamente se encontraba la joven. La presión social, mediante bloqueos viales y protestas, fue determinante para que las autoridades intensificaran las acciones.
El cuerpo de Edith fue encontrado sin vida el 17 de abril en el sótano del mismo edificio al que había acudido, confirmando que nunca salió del sitio. Días después, la titular de la Fiscalía, , reconoció públicamente omisiones graves en el caso.
En entrevista con , la funcionaria detalló que la familia proporcionó la dirección exacta desde las 4:20 horas del 16 de abril, pero la orden de inspección fue emitida casi diez horas después. Calificó el actuar institucional como una “investigación burocrática” que priorizó trámites por encima de la vida de la víctima, reconociendo que se trató de una omisión “inaceptable”.
Como consecuencia, la Fiscalía informó la suspensión de tres funcionarios: un Ministerio Público que omitió integrar la ubicación en las diligencias, un agente de la Policía de Investigación acusado de presunta extorsión a la familia para agilizar la búsqueda, y otro elemento que ignoró la orden de inspección.
En paralelo, las autoridades detuvieron a Juan Jesús “N”, vigilante del inmueble, señalado como presunto responsable del feminicidio. Durante una conferencia, la Fiscalía expuso que la causa de muerte fueron heridas con objeto punzocortante, presuntamente un desarmador, y sustentó la detención en evidencia física, manipulación de cámaras de seguridad e indicios biológicos.
No obstante, la familia del detenido ha cuestionado la versión oficial, denunciando inconsistencias en el proceso y sugiriendo la posible existencia de otros implicados. En entrevista con , señalaron que Juan Jesús “N” continuó laborando tras la fecha del crimen, lo que, a su juicio, pone en duda su responsabilidad y abre la posibilidad de que sea utilizado como un “chivo expiatorio”.
El caso de Edith Guadalupe no solo ha generado exigencias de justicia, sino que también ha reavivado el debate sobre la capacidad de respuesta de las autoridades ante desapariciones y feminicidios, así como la urgencia de erradicar prácticas burocráticas y posibles actos de corrupción dentro de las instituciones encargadas de impartir justicia.
