Redacción / Quintana Roo Ahora
Chetumal, QR.— El panorama dentro de las escuelas de Quintana Roo encendió los focos rojos. Entre el 8 de noviembre de 2024 y el 31 de julio de 2026, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició 106 carpetas de investigación y obtuvo 14 órdenes de aprehensión, de las cuales 13 fueron cumplimentadas, por delitos como abuso sexual, violación, trata de personas y fraude cometidos en agravio de estudiantes.
Los resultados corresponden al periodo de operación del programa “Prevención a través de la Educación”, implementado en coordinación con la Secretaría de Educación, gobiernos municipales y asociaciones civiles.
A través de visitas a planteles de educación básica, media superior y superior, fiscales especializados y de distrito imparten pláticas a estudiantes, docentes y personal administrativo. Sin embargo, estas jornadas también se han convertido en un mecanismo para detectar posibles delitos dentro y alrededor de las comunidades escolares.
Entre los casos que más llamaron la atención se encuentra la detención y posterior vinculación a proceso de Elizabeth Shekina “N”, señalada por el delito de trata de personas en agravio de dos adolescentes, alumnas de una escuela secundaria.
En Playa del Carmen, personal de la Fiscalía detectó además el caso de dos adolescentes de 12 años que presuntamente fueron víctimas de violación por parte de su padrastro, identificado como Dolores “N”, quien fue detenido y vinculado a proceso.
Pero el problema no se limita a los delitos sexuales.
En el Cecyte 1 fue identificado un estudiante que presuntamente se dedicaba a la venta y distribución de drogas dentro del plantel. En otro operativo, cuatro adolescentes y un joven de 19 años fueron detenidos en flagrancia cerca de una secundaria cuando presuntamente portaban más de 600 dosis de estupefacientes que serían comercializadas entre estudiantes.
La cifra de investigaciones refleja un escenario que preocupa a padres de familia y autoridades: las escuelas no solamente enfrentan problemas académicos, sino también situaciones relacionadas con violencia, abuso, drogas y otros delitos que pueden poner en riesgo a niñas, niños y jóvenes.
El acoso sexual, otro foco rojo
El problema ya había sido advertido desde años anteriores. Durante el ciclo escolar 2025, al menos 60 estudiantes del norte de Quintana Roo requirieron atención especializada después de sufrir presuntamente abuso o acoso sexual dentro de sus planteles.
Representantes de la Asociación Nacional de Padres de Familia señalaron entonces que la cifra podría representar apenas una parte del problema, debido a que algunas víctimas no denuncian por miedo, vergüenza o presión.
A esto se suman los reportes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que durante el periodo lectivo 2023-2024 registró 30 quejas de abuso sexual relacionadas con docentes afiliados.
Aunque la mayoría de esos casos fueron resueltos administrativamente a favor de los profesores y solo uno llegó a vinculación a proceso penal, la falta de estadísticas públicas consolidadas sobre investigaciones y sanciones mantiene abierta la preocupación entre padres de familia.
Casos como las denuncias contra un maestro de la secundaria “Vicente Guerrero”, en Playa del Carmen, o la separación del cargo de un docente de la primaria “Aarón Merino”, en Chetumal, acusado de agredir a una niña de 12 años, exhibieron la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y protección dentro de las escuelas.
Ante este escenario, la Fiscalía aseguró que mantendrá su presencia en los planteles educativos para detectar posibles delitos, orientar a estudiantes y personal escolar, y evitar que los casos cometidos principalmente contra niñas, niños, adolescentes y jóvenes queden en la impunidad.
Mientras las autoridades presumen avances con 106 carpetas de investigación y 13 órdenes de aprehensión cumplimentadas, el reto continúa siendo mayúsculo: que las escuelas sean espacios seguros y que las víctimas tengan la confianza y las condiciones necesarias para denunciar.
