Redacción / Quintana Roo Ahora
México.- Jorge Emilio González Martínez, conocido como el “Niño Verde” y uno de los principales dirigentes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue señalado en una denuncia como presunto involucrado detrás de una red de extorsión contra propietarios de verificentros y estaciones de servicio en el Estado de México, de acuerdo con información difundida por Latinus.
La acusación forma parte de un documento integrado a la investigación que derivó en la detención de dos funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México: Raúl Piña Horta, director de Prevención y Control de Contaminación Atmosférica, y Carlos Eduardo Solares, director de Control de Emisiones a la Atmósfera.
Según el reporte, Piña Horta no sólo tendría vínculos con el PVEM, sino que además habría sido secretario particular de Jorge Emilio González Martínez. El funcionario también aparece relacionado con la Comisión de Honor y Justicia del partido y fue diputado federal suplente de Guillermo Velasco Rodríguez.
La investigación habría comenzado a partir de una denuncia presentada por la Asociación Ecologista de Verificación y la Asociación de Verificentros del Estado de México, cuyos integrantes señalaron presuntas exigencias económicas y amenazas contra empresarios del sector.
El documento fue dirigido al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien presuntamente lo remitió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, instancia que posteriormente abrió una carpeta de investigación y obtuvo órdenes de aprehensión contra los funcionarios señalados.
La denuncia también habría sido enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.
En el escrito aparecen como presuntos responsables Raúl Piña Horta, José Alberto Couttolenc Buentello, dirigente del Partido Verde en el Estado de México, así como Marco Antonio Valenzuela y Rodrigo García.
De acuerdo con los testimonios citados por Latinus, los presuntos operadores habrían justificado las exigencias económicas asegurando que actuaban bajo instrucciones de Jorge Emilio González Martínez.
Las acusaciones apuntan a que propietarios de aproximadamente 145 verificentros habrían sido obligados a entregar pagos mensuales de entre 100 mil y 250 mil pesos, bajo la amenaza de perder infraestructura o sufrir la revocación de sus autorizaciones.
Pero las exigencias, según la denuncia, no terminarían ahí.
El documento señala que también se habría solicitado un pago extraordinario de 500 mil pesos por cada línea de verificación antes de diciembre de este año, bajo la advertencia de que quienes no cumplieran podrían enfrentar problemas para obtener la revalidación de sus permisos para 2027.
Según los cálculos expuestos en la denuncia, cada verificentro tendría en promedio seis líneas, lo que representaría una exigencia de aproximadamente tres millones de pesos por establecimiento. Si se considera el universo de 145 centros mencionados, la cantidad potencial de esta cuota extraordinaria alcanzaría alrededor de 435 millones de pesos.
Los empresarios aseguran que desde principios de 2026 habían presentado escritos ante el gobierno de Delfina Gómez para advertir sobre las presuntas irregularidades, aunque, según su versión, no recibieron una respuesta efectiva antes de las recientes detenciones.
Por ahora, las acusaciones contra Jorge Emilio González Martínez, José Alberto Couttolenc Buentello y los demás señalados forman parte de una denuncia y deberán ser esclarecidas por las autoridades mediante la investigación correspondiente.
El caso coloca nuevamente al Partido Verde bajo los reflectores y abre interrogantes sobre el alcance de las presuntas operaciones de extorsión dentro de una estructura que, según los denunciantes, habría utilizado permisos, autorizaciones y trámites ambientales como mecanismo de presión económica contra empresarios del Estado de México.
