Redacción / Quintana Roo Ahora
CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de la existencia de al menos 100 denuncias penales por presunto fraude, ejidatarios de Alfredo V. Bonfil continúan revendiendo terrenos de uso común, situación que mantiene en la incertidumbre jurídica a cientos de compradores que, en algunos casos, descubren que un mismo predio ha sido comercializado hasta en 15 ocasiones, denunció Andrés Castillejos, presidente de la colonia Chiapaneca.
El representante vecinal explicó que desde hace aproximadamente 25 años numerosas familias adquirieron hectáreas en la zona para construir sus viviendas, pagando alrededor de 14 mil 946 pesos por lote. Sin embargo, al no haberse desincorporado legalmente las tierras del régimen ejidal y permanecer como terrenos de uso común, los ejidatarios conservaron la facultad de decidir sobre su destino, pese a que existieran operaciones de compraventa de por medio.
Castillejos señaló que esta falta de certeza jurídica ha permitido que los mismos predios sean revendidos en múltiples ocasiones, generando conflictos entre particulares. Agregó que recientemente algunos ejidatarios ofrecieron regularizar los terrenos a cambio de pagos adicionales de hasta 250 mil pesos, aun cuando los compradores aseguran haber cubierto el costo total de los lotes desde hace años.
Por su parte, Rafael Quintanar González, presidente de la organización social SUMA, informó que actualmente se desarrollan mesas de trabajo entre ejidatarios y autoridades de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS) y el Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS), con el objetivo de encontrar una solución que otorgue certeza jurídica a quienes adquirieron tierras de buena fe.
El activista indicó que, de acuerdo con los compromisos anunciados por la presidenta Claudia Sheinbaum, existen tres posibles rutas para resolver el conflicto. La primera consiste en que los ejidatarios cumplan voluntariamente con las promesas de venta y desincorporen los terrenos; la segunda contempla una eventual expropiación, aunque consideró que esta alternativa sería poco viable al implicar una nueva compensación por tierras que ya fueron pagadas por los compradores; y la tercera es que prosperen los más de 100 procesos penales iniciados por presunto fraude.
Finalmente, Quintanar González consideró que los ejidatarios de Alfredo V. Bonfil podrían replicar el modelo impulsado en Leona Vicario, donde se donaron terrenos al gobierno estatal para la construcción de 600 viviendas con servicios básicos, una estrategia que, afirmó, contribuye a reducir los asentamientos irregulares y brinda mayores oportunidades de desarrollo a las familias de la región.
