Redacción / Quintana Roo Ahora
México.- El Gobierno de México informó sobre el desmantelamiento de una red criminal dedicada a la extracción, distribución y venta ilegal de combustible, con operaciones principalmente en los estados de y . El anuncio fue realizado por el secretario de Seguridad federal, , quien detalló que la organización tenía la capacidad de sustraer hasta 1.5 millones de litros de hidrocarburo por semana.
De acuerdo con la información oficial, siete personas fueron detenidas durante el operativo, incluido el presunto líder del grupo. Las autoridades aseguraron 150 mil litros de gas LP, 61 cisternas, aproximadamente 500 mil pesos en efectivo, además de armas y equipo tecnológico utilizado para la operación ilícita.
Las investigaciones revelaron que la red operaba mediante un esquema integral que incluía la extracción ilegal —conocida como —, así como el transporte, almacenamiento y comercialización del combustible robado. Para ello, utilizaban empresas fachada, prestanombres y redes de distribución que les permitían ocultar el origen ilícito de los recursos.
Según explicó García Harfuch, la desarticulación de esta estructura fue resultado de más de siete meses de trabajo de inteligencia, en los que se identificaron tanto las operaciones logísticas como financieras del grupo. Entre los detenidos también figuran dos empresarios vinculados con compañías de gas, así como operadores clave en la cadena de suministro ilegal.
En un caso paralelo, el fiscal general, , informó sobre la desarticulación de otra red delictiva enfocada en el llamado . Esta organización utilizaba un entramado de más de 40 empresas para emitir facturas falsas y simular operaciones comerciales, evitando así reportar ingresos ante las autoridades hacendarias.
Por estos hechos, seis personas fueron detenidas. De acuerdo con las investigaciones, el monto de las operaciones simuladas asciende a 23 mil millones de pesos. Esta red tenía presencia en los estados de , y .
Las autoridades federales señalaron que ambos casos forman parte de una estrategia para combatir el robo de combustibles y los esquemas financieros que permiten su comercialización ilegal, delitos que representan pérdidas millonarias para el erario y afectan la seguridad energética del país.
