Redacción / Quintana Roo Ahora
En México, al menos 17.1 millones de trabajadores subordinados no cuentan con un contrato laboral por escrito, una situación que refleja rezagos en la formalización del empleo y que, aunque no elimina derechos para los empleados, sí representa riesgos legales importantes para los empleadores.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el 41.4% de los trabajadores subordinados carece de este documento, lo que implica un ligero incremento respecto al cierre de 2025. Esta tendencia evidencia que, pese a los avances, la formalidad laboral sigue siendo una deuda estructural en el país.
Especialistas en derecho laboral coinciden en que la ausencia de contratos es uno de los incumplimientos más comunes. Katia Everardo, consultora en relaciones laborales, advierte que este documento suele ser minimizado por las empresas, cuando en realidad representa una herramienta clave para dar certeza jurídica tanto a trabajadores como a patrones.
En el mismo sentido, Vanessa Díaz, directora de Laboral MX, subraya que la falta de contrato puede volverse en contra de los empleadores, ya que en caso de un conflicto legal no cuentan con elementos para acreditar condiciones como salario, jornada o prestaciones.
La Ley Federal del Trabajo establece en su artículo 24 que las condiciones laborales deben constar por escrito; sin embargo, también señala que la ausencia de este documento no priva al trabajador de sus derechos, sino que la responsabilidad recae en el patrón.
Esto significa que, ante una disputa, si un trabajador declara determinadas condiciones laborales y no existe un contrato que las contradiga, estas pueden ser tomadas como válidas por la autoridad, lo que incrementa los riesgos para las empresas.
Además del aspecto legal, la falta de contratos genera incertidumbre en las funciones y responsabilidades dentro del centro de trabajo, dificultando la organización interna y la posibilidad de establecer sanciones o rescindir relaciones laborales de forma justificada.
En este contexto, recientemente se reavivó el debate sobre la formalización del empleo tras una propuesta legislativa que busca reforzar la obligación de los empleadores de entregar contratos por escrito desde el inicio de la relación laboral.
Aunque en la última década se ha reducido ligeramente el número de trabajadores sin contrato, los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran que el avance ha sido limitado, lo que mantiene vigente el desafío de garantizar condiciones laborales claras y seguras en el país.
