Redacción / Quintana Roo Ahora
México.- Una investigación periodística reveló presuntas irregularidades fiscales y financieras relacionadas con una empresa propiedad de los hijos del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, lo que volvió a generar cuestionamientos sobre posibles esquemas de simulación de operaciones y conflictos de interés dentro del entorno del mandatario estatal.
Según la publicación, la empresa Constructora Chocosa S.A. de C.V., vinculada a Rubén y Ricardo Rocha Ruiz, habría realizado operaciones comerciales con al menos nueve Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), conocidas como empresas fantasma, por montos superiores a los 136 millones de pesos.
La investigación señala que la constructora, creada en 2009 en Culiacán, registró múltiples inconsistencias ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), principalmente por la cancelación recurrente de facturas entre 2015 y 2021. Los documentos anulados habrían superado los 124 millones de pesos.
Especialistas consultados en el reportaje advirtieron que este tipo de prácticas podrían utilizarse para modificar cargas fiscales o justificar operaciones inexistentes. Tan solo en 2019, las facturas canceladas representaron más de una tercera parte de lo facturado por la empresa durante ese ejercicio fiscal.
Además, el reportaje expone que la compañía habría mantenido relaciones con firmas previamente incluidas por el SAT en listados oficiales de empresas con operaciones presuntamente simuladas, entre ellas Construcción y Diseño Nueva Era, Comercializadora Vigía del Pacífico y Grupo Total Más y Compañía.
Las revelaciones surgen en un momento de creciente presión política para el gobierno estatal, luego de otros señalamientos relacionados con presuntas redes empresariales cercanas a la familia del mandatario morenista y el manejo de contratos durante la actual administración.
Hasta ahora, ni Rubén Rocha Moya ni sus hijos han fijado una postura pública detallada respecto a las acusaciones. Mientras tanto, sectores de oposición y organizaciones civiles han solicitado que autoridades como el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República abran investigaciones para esclarecer el caso.
