Redacción/Quintana Roo Ahora
CHETUMAL.- El gobierno de Quintana Roo interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la concesionaria de agua potable DHC Aguakan, acusándola de promover conductas ilícitas y lavado de dinero.
De acuerdo con la administración estatal, la empresa obtuvo la ampliación de su concesión en 2014 a través de funcionarios sin facultades legales, lo que constituiría un acto ilegal. En ese año, el gobierno de Roberto Borge permitió que Aguakan extendiera su contrato en Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad, y sumara Puerto Morelos a su operación.
La gobernadora Mara Lezama evitó dar detalles sobre la denuncia, argumentando que el tema está en litigio, pero subrayó que el objetivo es garantizar un servicio de calidad. “Debe prevalecer la justicia”, declaró tras un evento en la Universidad Politécnica de Quintana Roo.
Por su parte, Aguakan respondió mediante un comunicado publicado en la Bolsa Mexicana de Valores, en el que negó las acusaciones y aseguró que la ampliación de su concesión se realizó de manera legal y transparente con la aprobación del Congreso del Estado, Cabildos municipales y CAPA.
Al ser cuestionada sobre si el gobierno estatal podría asumir el servicio de agua potable o entregarlo a otra empresa, la mandataria afirmó que la decisión dependerá de “lo que sea mejor para la ciudadanía”.
